OPINIÓN | Por Santoto Digital
El proyecto que la UCR bajó a la Legislatura fija un piso del 1,5% del padrón para sobrevivir a las PASO y del 5% para acceder a una banca. Ese segundo número no es un detalle técnico: es una decisión política sobre quién puede existir —y quién no— en el sistema electoral santafesino.
“No quieren cuentapropistas.” La frase circula hace tiempo en la oposición como un diagnóstico incómodo. Y el proyecto de reforma electoral que el radicalismo acaba de ingresar a la Legislatura le da, por primera vez, forma institucional a esa sospecha.
Detrás de los 199 artículos que prometen modernización, orden normativo y una autoridad electoral propia, hay una arquitectura mucho más concreta: reducir la cantidad de jugadores reales del sistema político.
Y ese diseño no está en los títulos grandilocuentes, sino en los artículos 79 y 97.
El 79 establece un piso del 1,5% del padrón para pasar de la PASO a la general. Ese umbral permite que casi todos entren a la competencia formal. Pero el 97 es el verdadero filtro: exige el 5% del padrón para acceder al reparto de bancas.
Ahí empieza otra democracia.
No del 5% de los votos válidos, sino del padrón total. Es decir: del universo completo de ciudadanos habilitados, voten o no voten. En una provincia con altos niveles de ausentismo, votos en blanco y apatía creciente, el piso real se vuelve más alto de lo que el número sugiere. Mucho más alto.
El resultado es evidente: no alcanza con competir, hay que sobrevivir a un sistema diseñado para dejar afuera a quienes no tienen estructura territorial, financiamiento o aparato político consolidado.
Las víctimas de ese esquema no son los partidos tradicionales. Son los que incomodan al sistema: listas vecinales competitivas en sus territorios, expresiones departamentales con volumen real pero sin despliegue provincial, desprendimientos de estructuras mayores que deciden romper con la lógica de obediencia interna.
En otras palabras: los cuentapropistas.
El discurso oficial lo presenta como “ordenamiento” del sistema. Pero el orden, en política, nunca es neutral. Ordenar también es recortar. Y recortar, en este caso, significa decidir quién puede transformarse en representación legislativa y quién queda condenado a la marginalidad electoral.
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La reforma además se monta sobre un cambio estructural previo: la eliminación del sistema que otorgaba a la lista ganadora de Diputados 28 bancas automáticas. Ese esquema, vigente durante décadas, garantizaba mayorías artificiales. Su reemplazo por un reparto total mediante D’Hont parece más proporcional, pero abre otra discusión: cuando se endurecen los pisos de acceso, la proporcionalidad se vuelve selectiva.
Menos fuerzas superando el umbral no significa más pluralidad ordenada. Significa más concentración. Y la concentración del sistema político nunca es un dato técnico: es un dato de poder.
En el propio radicalismo admiten que el 5% no está cerrado. Que se negocia. Que podría bajar. Pero la discusión no es solo de porcentajes. Es de fondo: qué tipo de sistema político quiere consolidarse en Santa Fe después de 2027.
Uno más abierto, con representación fragmentada pero real. O uno donde la competencia formal existe, pero la representación efectiva queda reservada a un club reducido de estructuras con capacidad de supervivencia.
Porque cuando el piso sube, la política no se ordena: se blinda.
Y en ese blindaje, los primeros expulsados nunca son los que ya están adentro.
Son siempre los que intentan entrar.