El Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial expresó preocupación por distintos puntos del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial y advirtió sobre posibles afectaciones a garantías constitucionales.
Las críticas al proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro continúan sumando voces dentro del ámbito jurídico santafesino. En las últimas horas, el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial difundió un comunicado institucional en el que manifestó “suma preocupación” por distintos aspectos de la iniciativa denominada “herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”.
Desde la entidad señalaron que algunas disposiciones previstas en el proyecto serían “contrarias a los postulados de la Constitución Nacional” y cuestionaron especialmente la posibilidad de otorgar mayores facultades a la policía y al Ministerio Público Fiscal en determinadas situaciones sin intervención judicial inmediata.
Entre los puntos observados, advirtieron sobre la posibilidad de que la policía pueda interrogar a personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor, situación que —según remarcaron— podría derivar en “abusos y arbitrariedades” con el objetivo de forzar confesiones sin pruebas.
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También cuestionaron la posibilidad de que fiscales puedan ordenar allanamientos o imponer medidas restrictivas de la libertad sin autorización judicial previa en determinados supuestos.
Otro de los aspectos más criticados fue el denominado “procedimiento por decreto fiscal”, mecanismo que, según el comunicado, permitiría solicitar condenas sin juicio previo y sin participación de la defensa.
“La seguridad pública —aún en contexto de emergencia— no puede ser el fundamento de un sistema penal sin límites ni control”, expresaron desde el Instituto.
El pronunciamiento se suma al reciente comunicado emitido por la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y comienza a consolidar un debate institucional y político en torno a los alcances de la reforma impulsada por el Ejecutivo santafesino, especialmente respecto del equilibrio entre seguridad pública, garantías constitucionales y límites al poder estatal.