La Ley 14.365 establece un mecanismo para que contribuyentes de Ingresos Brutos puedan financiar proyectos culturales previamente aprobados y computar esos aportes como pago a cuenta del impuesto. El diputado Fabián Palo Oliver, autor de uno de los proyectos que dieron origen a la norma, difundió la herramienta a través de sus redes sociales.
La provincia de Santa Fe puso en marcha el Régimen de Promoción Cultural, creado por la Ley Nº 14.365, que busca incorporar al sector privado al financiamiento de proyectos culturales y de iniciativas vinculadas con la preservación del patrimonio.
El régimen articula al Estado provincial, los contribuyentes de Ingresos Brutos y los artistas, gestores y organizaciones que desarrollen proyectos culturales.
La iniciativa tiene entre sus antecedentes un proyecto presentado por el diputado provincial Fabián Palo Oliver, que fue trabajado junto con otras iniciativas durante el tratamiento legislativo. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados unificó cuatro proyectos sobre la materia y aprobó una propuesta que luego continuó su tratamiento en el Senado.
Ahora, con la reglamentación y la primera convocatoria en marcha, el régimen comienza a implementarse en la provincia. El legislador difundió sus características y alcances a través de sus redes sociales.
¿Cómo funciona el Régimen de Promoción Cultural?
El mecanismo permite que personas o entidades que desarrollen proyectos culturales puedan acceder a financiamiento privado, siempre que sus propuestas sean presentadas y aprobadas previamente por la autoridad de aplicación.
El Ministerio de Cultura de Santa Fe es el organismo encargado de aplicar la ley, mientras que la evaluación de los proyectos está a cargo del Consejo de Promoción Cultural.
Una vez aprobada una propuesta, esta pasa a integrar un banco de proyectos que facilita el contacto con potenciales aportantes.
De esta manera, los contribuyentes pueden elegir financiar un proyecto con el que ya tengan vinculación o seleccionar una iniciativa entre aquellas que hayan sido aprobadas y publicadas por el Ministerio de Cultura.
El beneficio para los contribuyentes
Uno de los puntos centrales del régimen es el beneficio fiscal para quienes realizan los aportes.
Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que participen como aportantes pueden imputar el aporte realizado como pago a cuenta del impuesto correspondiente al ejercicio en el que se efectúa.
El límite general es del 10% de la determinación anual de Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio fiscal anterior. Para quienes están adheridos al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos existe un régimen particular que permite imputar aportes hasta el total de su obligación anual.
El sistema también establece límites específicos para el beneficio fiscal y un cupo fiscal anual determinado dentro del Presupuesto provincial.
Una alternativa de financiamiento para proyectos culturales
Para artistas y gestores culturales, el régimen abre una nueva posibilidad para financiar proyectos que pueden quedar postergados por falta de recursos.
La primera convocatoria contempla proyectos vinculados con infraestructura y patrimonio cultural, programación de eventos culturales y producción de bienes culturales, además de nuevas tecnologías e innovación cultural.
Un proyecto aprobado, sin embargo, no tiene garantizado el financiamiento. Para poder ejecutarse deberá conseguir el aporte de una o más personas o entidades que participen como aportantes.
Más de 300 proyectos en la primera convocatoria
La primera convocatoria del Régimen de Promoción Cultural recibió más de 300 postulaciones entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre.
Quienes presentaron proyectos tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para completar la documentación requerida, mientras que las empresas y personas jurídicas interesadas en participar como aportantes pueden inscribirse hasta el 30 de octubre.
De esta manera, el nuevo régimen busca generar una herramienta de financiamiento que vincule al Estado, al sector privado y a quienes desarrollan actividades culturales en Santa Fe, incorporando un mecanismo de incentivo fiscal para canalizar aportes hacia proyectos previamente evaluados y aprobados.