El diputado provincial sostuvo que existen demoras injustificadas en la investigación por una presunta incompatibilidad del senador Oscar Dolzani y cuestionó que su abogado defensor asesore a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, el órgano que interviene en la evaluación de jueces y fiscales.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver redobló sus cuestionamientos por la investigación que involucra al senador Oscar Dolzani y apuntó directamente contra el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). A través de declaraciones públicas y una publicación en redes sociales, el legislador planteó que la falta de avances en la causa podría estar vinculada a presiones políticas y a un presunto conflicto de intereses que, según afirmó, compromete la independencia judicial.
«¿Quién protege a Dolzani?», fue la pregunta con la que abrió su publicación, donde volvió a cuestionar el desempeño de la Fiscalía.
La denuncia presentada por Palo Oliver se basa en que el propio senador reconoció haber vendido materiales a empresas que ejecutan obras financiadas con fondos públicos, incluso en proyectos aprobados por la Legislatura provincial y que contaron con su voto.
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«¿Qué tanto tiene la Fiscalía que evaluar? El propio Dolzani dijo que vendió materiales a una empresa y después reconoció que también lo hizo con otra. Lo único que tiene que analizar es si existe incompatibilidad o no», sostuvo.
Las sospechas sobre el MPA
Para el diputado, la demora en la investigación no responde a la falta de pruebas.
«No lo está haciendo porque seguramente hay presión de los actores políticos que no permiten que el Ministerio Público de la Acusación trabaje libremente», afirmó.
En ese marco, comparó el caso con la condena del exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, al sostener que la Justicia ya sentó precedentes sobre la responsabilidad de funcionarios que intervienen en decisiones que benefician intereses privados.
El foco en el abogado defensor
El aspecto más delicado de la denuncia apunta al abogado que representa a Dolzani.
Según explicó Palo Oliver, el defensor, el doctor Oroño, también cumple funciones de asesoramiento vinculadas a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, organismo que interviene en los procesos de designación y control institucional de jueces y fiscales.
Para el legislador, esa doble función pone en duda la independencia con la que puede actuar la fiscal Jesica Bernard, a cargo de la investigación.
«¿Qué libertad puede tener la fiscal Jesica Bernard si el abogado defensor asesora a quienes luego evalúan su trabajo?», cuestionó.
En la misma línea, en su publicación sostuvo que esa situación «pone en duda las garantías constitucionales y la independencia del Poder Judicial».
«No vamos a naturalizar esto»
Palo Oliver aseguró que continuará impulsando la investigación y descartó dar por cerrado el tema.
«Es una barbaridad en términos de calidad institucional. No vamos a naturalizar esto, no aceptamos el silencio y vamos a ir hasta las últimas consecuencias», concluyó.
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