El diputado del Frente Amplio por la Soberanía advirtió sobre una contradicción institucional en la reforma impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro. La iniciativa, que obtuvo sanción definitiva en la Legislatura, permite crear unidades especiales dentro de la Defensa Pública para asistir penalmente a integrantes de las fuerzas de seguridad investigados por hechos de violencia institucional.
La reforma del sistema de Defensa Pública de Santa Fe abrió un debate sobre el papel que debe cumplir el organismo encargado de garantizar el derecho a la defensa penal y promover la protección de los derechos humanos. Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, Palo Oliver cuestionó que una misma institución pueda intervenir en la protección de víctimas de violencia institucional y, al mismo tiempo, asumir la defensa penal de policías y agentes penitenciarios denunciados por esos mismos hechos.
El legislador del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) expuso sus objeciones durante el tratamiento de una iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que modifica la organización del Servicio Público Provincial de Defensa Penal y habilita la creación de programas o unidades especiales para atender procesos judiciales que requieran una intervención especializada.
Entre los supuestos contemplados por la reforma aparece expresamente la defensa de integrantes de las fuerzas de seguridad en causas en las que se alegue violencia institucional.
La iniciativa también prevé la incorporación de ocho cargos de defensores públicos y permite que las nuevas estructuras tengan alcance provincial, regional o interregional, con carácter permanente o transitorio.
La contradicción que planteó Palo Oliver
En su intervención, el diputado puso el foco en lo que considera un conflicto institucional: que el mismo organismo pueda denunciar hechos de violencia institucional y, simultáneamente, brindar asistencia técnica a los funcionarios acusados de cometerlos.
Como ejemplo, recordó la actuación de la Defensa Pública en una denuncia por presuntos apremios ilegales ocurridos en marzo de 2024 en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, un caso que, según señaló, también tuvo observaciones de Naciones Unidas.
«Una de las tareas más importantes que tiene la Defensa Pública es evitar que exista abuso desde el propio Estado», sostuvo.
Para el legislador, la posibilidad de que distintos integrantes del organismo representen a víctimas y acusados dentro de un mismo tipo de conflicto genera una contradicción que debería evitarse mediante estructuras institucionales separadas.
El legislador también aclaró que su posición no implica negarles asistencia jurídica a los integrantes de las fuerzas de seguridad denunciados penalmente.
«No es cierto que los policías que son denunciados no tendrían asistencia técnica legal en un proceso penal si nosotros votamos en contra», expresó durante su discurso.
En ese sentido, sostuvo que los funcionarios policiales y penitenciarios deben contar con defensa legal, pero a través de otro organismo, sin comprometer las funciones de la Defensa Pública vinculadas con la protección de víctimas de violencia institucional.
Qué establece la reforma
La modificación incorpora el artículo 21 bis a la Ley Provincial 13.014, que regula el funcionamiento del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.
El nuevo esquema faculta a la Defensoría General a crear programas o unidades especiales cuando considere necesario garantizar una prestación especializada y estratégica del servicio.
La posibilidad de conformar estos equipos no se limita a las causas que involucran a policías. También comprende litigios complejos o de trascendencia institucional, procesos que requieran estrategias unificadas, situaciones de posibles conflictos de intereses entre personas asistidas por distintas defensorías y causas vinculadas con unidades fiscales especializadas.
La ley no crea exclusivamente un cuerpo de abogados para policías, sino que incorpora esa posibilidad dentro de un esquema más amplio de especialización de la Defensa Pública.
La Cámara de Diputados otorgó sanción definitiva a la iniciativa el 29 de octubre, con 34 votos afirmativos, ningún voto negativo y 13 abstenciones. Entre quienes optaron por esa posición estuvieron los integrantes del Frente Amplio por la Soberanía, el bloque justicialista y otros espacios opositores.
Desde el FAS explicaron que la abstención no respondió a una oposición a la creación de nuevos cargos, sino a su desacuerdo con que la asistencia penal de funcionarios denunciados por violencia institucional quede dentro del mismo organismo que interviene en la defensa de las víctimas.
El debate deja planteado un interrogante sobre la organización del sistema de justicia santafesino: cómo garantizar el derecho de defensa de los integrantes de las fuerzas de seguridad sin generar conflictos institucionales con las funciones de protección y promoción de los derechos humanos que también corresponden a la Defensa Pública.