En medio de un discurso oficial que promueve la austeridad y la eficiencia en el Estado, el Gobierno de Santa Fe ejecutó una reestructuración que, si bien técnicamente equilibrada en términos presupuestarios, tiene una fuerte carga política en su lógica y en su impacto.
Con el Decreto N° 00628/25, el Ejecutivo provincial avanzó en la eliminación de 198 cargos permanentes de categoría administrativa y habilitó la creación de 173 nuevos cargos temporarios en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. La medida se llevó a cabo sin ampliar el gasto, pero redistribuyendo internamente más de 86 millones de pesos mensuales en masa salarial.
Los nuevos cargos son para el rol de «Asistente Técnico Nivel XI», a ser ocupados por personal designado en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, un área clave dentro del organigrama que conduce la ministra María Victoria Tejeda, dirigente del riñón del gobernador.
Una jugada técnica con consecuencias políticas
La maniobra es prolija desde lo formal. Cumple con las leyes de presupuesto y eficiencia estatal (Ley 12510 y Ley 14385), y tiene el aval del Secretario General de la Gobernación y los ministerios de Economía y Recursos Humanos. Pero lo que se plantea como un movimiento administrativo encierra una lógica política que no es menor.
Eliminar cargos permanentes —que implican estabilidad, carrera administrativa y selección por mecanismos públicos— y reemplazarlos por puestos temporarios designados directamente por la autoridad política de turno, configura un modelo de gestión en el que la confianza política prima sobre la estabilidad técnica.
Este tipo de decisiones no es nuevo, ni exclusivo de este gobierno. Pero sí es significativo el volumen y el momento: en plena discusión sobre racionalización del Estado, el Ejecutivo opta por recortar en un área y reforzar con personal propio una cartera de perfil ideológico claro y creciente protagonismo territorial.
Si esta lógica se replica en otras áreas, estamos frente a un modelo de administración más centralizado, menos profesionalizado y con menor control.
Lo ocurrido con el Decreto 00628/25 refleja un viejo dilema de la política provincial: ¿cómo equilibrar eficiencia con estabilidad? ¿Cómo fortalecer las áreas sociales sin desarmar la carrera administrativa? ¿Cuánta discrecionalidad política puede haber en una estructura del Estado sin que eso se transforme en maniqueísmo?
El caso del Ministerio de Igualdad abre una ventana para observar cómo el poder se administra en tiempos de ajuste: no solo se recortan partidas, también se reconfiguran los dispositivos humanos que hacen al funcionamiento del Estado. Y en esa reconfiguración, los criterios políticos parecen haber ganado la pulseada.