El diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto para relevar y sistematizar los casos de ahorristas y adjudicatarios que denuncian demoras, cambios en las condiciones contractuales y otros incumplimientos de empresas desarrollistas. La iniciativa incluye a Pilay, Bauen y otras firmas.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) presentó un proyecto de Resolución para crear, en el ámbito de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, un Registro de Personas Afectadas por Incumplimientos Contractuales de empresas desarrollistas.
La iniciativa contempla a personas que hayan contratado planes de ahorro previo para vivienda y denuncien distintos tipos de perjuicios, como demoras en la entrega de las unidades, modificaciones unilaterales de las condiciones contractuales o incumplimientos de los compromisos asumidos.
El registro alcanzaría a quienes manifiesten haber sido afectados por Pilay S.A., Bauen Arquitectura S.R.L., Pilares S.R.L. U.T.E., Casaplan S.R.L. U.T.E., además de otras firmas que hayan participado o participen de la actividad desarrollista bajo cualquier forma societaria o contractual.
Relevar a los afectados
Según establece el proyecto, el objetivo principal será cuantificar y caracterizar el universo de personas afectadas en la provincia de Santa Fe, además de reunir y sistematizar la documentación que los damnificados aporten de manera voluntaria.
La información servirá como base para el seguimiento parlamentario de la problemática y para la elaboración de futuras iniciativas legislativas.
También se plantea facilitar la articulación con organismos que tienen competencia en la materia, como la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, municipios y comunas y el Poder Judicial, sin reemplazar las funciones de esas instituciones.
La inscripción al registro será voluntaria y gratuita y estará abierta a personas con domicilio en la provincia que manifiesten haber sido afectadas.
La Secretaría de la Comisión de Vivienda y Urbanismo será la encargada de administrar, custodiar y actualizar la información y de elaborar informes sobre la situación.
Reclamos por planes de vivienda
La propuesta surge a partir de los reclamos de ahorristas y adjudicatarios vinculados a planes de ahorro previo para vivienda, especialmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Entre las situaciones denunciadas aparecen contratos de larga duración con cuotas abonadas regularmente que, según los afectados, no se tradujeron en la entrega de las viviendas comprometidas.
También se mencionan propuestas de extensión de los plazos originalmente previstos y alternativas de relocalización de las unidades fuera del radio establecido inicialmente.
Los afectados se agrupan bajo el nombre “Autoconvocados contra los Incumplimientos de Bauen Pilay” y sostienen que son cientos las familias santafesinas alcanzadas por la problemática.
En este contexto, el proyecto plantea que contar con un registro permitirá obtener un diagnóstico actualizado sobre la dimensión del conflicto y utilizar esa información como insumo para el diseño de políticas públicas y nuevas herramientas legislativas.
Audiencias y articulación institucional
La iniciativa faculta a la Comisión de Vivienda y Urbanismo a convocar audiencias públicas y reuniones informativas para abordar la problemática.
En esos encuentros podrán participar representantes de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y de los Usuarios, municipios y comunas, colegios profesionales y asociaciones de consumidores.
Además, la Comisión podrá remitir a los organismos provinciales y municipales competentes información agregada y no individualizada para contribuir con sus tareas.
El proyecto aclara que el registro tendrá un carácter parlamentario y complementario y que no sustituirá las vías administrativas o judiciales disponibles para los afectados.
Protección de los datos personales
El tratamiento de la información deberá ajustarse a la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales.
Los datos recopilados sólo podrán utilizarse para los objetivos establecidos en el proyecto y no podrán ser cedidos a terceros sin consentimiento del titular, salvo que exista un requerimiento judicial o administrativo.
La Comisión también deberá arbitrar los medios necesarios para difundir la existencia del registro y llegar a la mayor cantidad posible de personas que pudieran encontrarse afectadas.
“Es imprescindible que el Estado provincial se haga cargo”
Al fundamentar la iniciativa, Palo Oliver sostuvo que es necesario que el Estado provincial intervenga frente a los reclamos de las familias.
“Es imprescindible que el Estado provincial se haga cargo del reclamo colectivo de cientos de familias que, tras décadas de pago puntual, aún esperan la vivienda que se les prometió”, manifestó el legislador.
Y agregó: “Este Registro permitirá conocer con precisión la dimensión del problema, facilitar la coordinación institucional con los organismos competentes y sentar las bases para iniciativas legislativas que garanticen la protección de los derechos de los adquirentes”.