La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario expresó su preocupación por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el gobierno provincial, al advertir posibles afectaciones a garantías constitucionales y al sistema acusatorio vigente en Santa Fe.
La reforma del Código Procesal Penal presentada por el gobierno de Maximiliano Pullaro comenzó a sumar cuestionamientos desde distintos sectores vinculados al ámbito jurídico. En las últimas horas, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario difundió un duro comunicado donde expresó preocupación por el alcance de varias medidas incluidas en el proyecto denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”.
Según plantearon desde la entidad, la iniciativa “menoscaba reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y otorga amplísimas facultades a los órganos encargados de la persecución penal”.
En el documento, los penalistas sostienen además que algunos artículos representan “un retroceso” respecto del sistema acusatorio implementado en Santa Fe desde 2014 y advierten sobre posibles tensiones con garantías constitucionales.
Entre los puntos más cuestionados aparecen las mayores atribuciones para fuerzas policiales y fiscales, la posibilidad de determinadas medidas sin control judicial inmediato y mecanismos preventivos que, según remarcan, podrían afectar derechos individuales.
“Avanzar rápido no es avanzar justo. El fin no justifica los medios”, señalaron en uno de los tramos más fuertes del comunicado.
La entidad también expresó preocupación por herramientas vinculadas a allanamientos, medidas coercitivas y posibles intervenciones estatales sobre comunicaciones y dispositivos tecnológicos en contextos preventivos.
En paralelo, desde el gobierno provincial sostienen que la reforma busca dotar al Estado de herramientas más ágiles y modernas para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas y violentas, especialmente en Rosario y otras zonas afectadas por el narcotráfico y la inseguridad.
El debate comienza así a instalarse no solamente en el plano judicial, sino también político e institucional, en torno a cuáles deben ser los límites entre seguridad, poder estatal y garantías constitucionales dentro del sistema democrático santafesino.