OPINIÓN – Por Santoto Digital
Con los conflictos de gestión abiertos y las elecciones en el horizonte, Weiss Ackerley enfrenta el desafío de mostrar resultados y dar respuestas a los reclamos de los vecinos.
La inseguridad, el conflicto con los trabajadores municipales, una deuda millonaria con Aguas Santafesinas y un servicio de agua potable que después de años no logró resolver sus problemas estructurales. El gobierno de Miguel Weiss Ackerley transita un escenario en el que los conflictos dejaron de ser episodios aislados para convertirse en parte de una agenda cada vez más difícil de administrar.
No se trata de problemas nuevos. Tampoco puede atribuirse al Municipio la responsabilidad exclusiva sobre cada uno de ellos. Pero hay un denominador común: en todos, de una u otra manera, la gestión municipal está obligada a dar explicaciones.
La marcha por la inseguridad fue una señal política que el Ejecutivo no debería subestimar. Cuando comerciantes, vecinales y vecinos salen a la calle para reclamar respuestas, el problema ya no se limita a las estadísticas del delito. Hay una demanda social que expresa preocupación, pero también disconformidad con las respuestas que reciben.
La seguridad pública es una responsabilidad central del Gobierno provincial. Nadie podría desconocerlo. Pero tampoco alcanza con señalar esa competencia para desentenderse de lo que sucede en la ciudad. La prevención, el alumbrado, el monitoreo, el control urbano y la articulación con las fuerzas de seguridad forman parte de las herramientas municipales. La pregunta es qué política concreta existe para abordar una problemática que hace tiempo dejó de ser una preocupación circunstancial.
En otro frente, el vínculo con ASTEOM expuso las dificultades del Ejecutivo para administrar su relación con los trabajadores municipales. Las desvinculaciones de contratados, los reclamos sindicales y las medidas de fuerza derivaron en un conflicto que afectó el funcionamiento de distintas áreas. El acuerdo alcanzado permitió bajar momentáneamente la tensión, pero no eliminó las diferencias. La relación entre el gobierno y el gremio sigue siendo un frente abierto.
Pero si hay un asunto que compromete directamente la discusión sobre la administración municipal es el agua potable.
La deuda superior a los 6.000 millones de pesos con Aguas Santafesinas, el conflicto por la prestación y la intervención del Gobierno provincial terminaron colocando sobre la mesa una alternativa que modifica sustancialmente el escenario: el traspaso progresivo del servicio a la empresa estatal.
ASSA anunció inversiones millonarias para recuperar y mejorar el sistema. La decisión puede representar una oportunidad para los usuarios, que durante años convivieron con problemas de abastecimiento y deficiencias en la prestación. Sin embargo, también deja una discusión política que no debería quedar sepultada detrás del anuncio.
Durante esta administración municipal se realizaron inversiones y perforaciones con el objetivo de mejorar el abastecimiento. Sin embargo, el sistema no logró superar sus dificultades y la deuda con Aguas Santafesinas alcanzó una magnitud millonaria. ¿Qué resultados dejaron esas obras? ¿Cómo se llegó a esa situación y qué balance hace el Ejecutivo de una prestación que estuvo bajo su responsabilidad y que ahora necesita transferir?
Weiss Ackerley sostuvo que los recursos municipales se destinaron al sostenimiento y las mejoras del servicio. Pero hay un dato que merece una explicación: según reconoció el propio intendente, el Municipio llevaba más de dos años trabajando en el traspaso a ASSA. ¿Cómo se compatibilizó esa negociación con las inversiones realizadas durante ese período? ¿Qué parte de esa infraestructura podrá aprovechar la empresa cuando asuma la prestación?
No se trata de cuestionar la necesidad de mejorar el servicio. Santo Tomé necesitaba y necesita esas obras. Se trata de conocer la planificación que hubo detrás de las decisiones, el destino de los fondos públicos y la información con la que contaba el Ejecutivo mientras negociaba una salida que ahora presenta como una solución para el futuro del sistema.
En este contexto, el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé representa una obra histórica para la ciudad, aunque su financiamiento y ejecución corresponden al Gobierno provincial. Una distinción que también forma parte de la discusión sobre qué puede mostrar la administración municipal como resultado de su propia gestión.
El problema para Weiss Ackerley no es solamente la cantidad de conflictos abiertos. Es la acumulación. Porque cuando la inseguridad llega a una movilización pública, el vínculo con los trabajadores se deteriora, las cuentas del servicio de agua se convierten en una deuda millonaria y una prestación municipal debe pasar a manos de una empresa provincial, ya no alcanza con responder a cada episodio por separado.
La política también se mide por la capacidad de anticiparse a los problemas, administrar los recursos, construir acuerdos y sostener una dirección de gobierno. Y es precisamente en ese terreno donde la gestión municipal enfrenta hoy varios interrogantes.
Santo Tomé necesita obras, pero también necesita servicios que funcionen. Necesita inversiones, pero también saber qué se hizo con los recursos disponibles. Necesita coordinación con la Provincia, pero no puede depender de ella cada vez que un problema estructural desborda la capacidad de respuesta municipal.
Weiss Ackerley todavía tiene margen para ordenar su agenda y mostrar resultados. Pero el tiempo de las explicaciones empieza a encontrar un límite: el electoral. La discusión sobre una eventual reelección ya se incorpora, inevitablemente, al horizonte político del intendente.
La pregunta que atraviesa todos estos conflictos es, en definitiva, qué modelo de gestión está construyendo el dirigente del PRO y cuánto de lo que prometió puede traducirse en respuestas concretas para los vecinos. Porque, cuando llegue el momento de volver a las urnas, también habrá que rendir cuentas sobre lo que se hizo, lo que quedó pendiente y lo que todavía espera una solución.