OPINIÓN – Por Santoto Digital
La movilización de vecinos volvió a poner en evidencia una preocupación que atraviesa distintos barrios. Pero el reclamo por seguridad también expone una responsabilidad que alcanza directamente a los gobiernos provincial y municipal: qué están haciendo para prevenir el delito y por qué no hay respuestas visibles.
La inseguridad en Santo Tomé no puede reducirse a una sucesión de hechos policiales. El homicidio de Agustín Carulli, las balaceras y los robos violentos registrados en distintos sectores de la ciudad forman parte de una preocupación que crece y que volvió a expresarse en la calle con la movilización del jueves.
El reclamo interpela a la política. Porque detrás de cada pedido de mayor presencia policial, de más patrullajes y de mejores herramientas de prevención hay una pregunta que los dirigentes todavía deben responder: ¿cuál es la estrategia para evitar que los delitos ocurran?
La responsabilidad principal en materia de seguridad pública es del Gobierno provincial. Es la Provincia la que conduce a la Policía, dispone los recursos y debe definir una política de prevención para cada territorio. No alcanza con intervenir cuando el delito ya se produjo. La seguridad también exige planificación, presencia sostenida y capacidad para anticiparse.
El gobierno de Miguel Weiss Ackerley tampoco puede mirar hacia otro lado. Aunque no tenga a su cargo la conducción policial, cuenta con herramientas propias: el Centro de Monitoreo, las cámaras de seguridad, la iluminación y la intervención sobre los espacios públicos. Sobre el funcionamiento y la capacidad operativa del sistema de videovigilancia, incluso, existen interrogantes planteados en el Concejo Municipal que merecen respuestas.
La división de competencias no puede transformarse en una excusa para diluir responsabilidades. Provincia y Municipio tienen obligaciones diferentes, pero comparten una demanda ciudadana que no admite más indiferencia. La coordinación entre ambos no debería depender de una marcha ni de la gravedad del próximo hecho.
Hay una ausencia que resulta difícil de explicar: la de una política de prevención claramente expuesta, con objetivos, recursos y resultados que puedan ser conocidos y evaluados por los santotomesinos. ¿Cuál es el diagnóstico oficial sobre la inseguridad en Santo Tomé? ¿Qué medidas se están llevando adelante? ¿Quién controla si funcionan?
Los vecinos ya expresaron su preocupación. Ahora es la política quien tiene que dar explicaciones. Porque la seguridad no es una concesión de quienes gobiernan ni una responsabilidad que pueda trasladarse de una jurisdicción a otra. Es una obligación del Estado.
Y cuando una ciudad tiene que salir a la calle para reclamar que se prevenga el delito, la pregunta deja de ser solamente qué está pasando en sus barrios. También hay que preguntar qué están haciendo quienes tienen la responsabilidad de gobernarla.