Editorial – Santoto Digital
UPCN llevó a la paritaria 2026 el debate sobre los asistentes técnicos: trabajadores designados sin concurso que podrían ser regularizados. La discusión reabre el interrogante sobre el pase a planta de cargos de confianza en el Estado.
En el ajedrez político de la paritaria central 2026, un documento presentado por UPCN ante el Ministerio de Economía empieza a marcar los movimientos que vendrán.
Con fecha del 27 de marzo y dirigido al ministro Pablo Olivares, el escrito detalla los temas que el gremio quiere tratar en la Comisión Técnica. Entre ellos, hay uno que concentra la atención: el punto 4 del temario.
Allí se propone relevar y avanzar en la regularización de los llamados “asistentes técnicos”, agentes que —según el propio documento— cumplen funciones similares a las de la planta permanente.
Detrás de esa redacción técnica, la discusión es profundamente política. Tal como este medio señaló en distintas editoriales, la figura del “asistente técnico” se consolidó en la actual gestión como un mecanismo de designación directa, sin concurso y por fuera de la estructura formal del Estado. En muchos casos, se trata de cargos de confianza vinculados a decisiones del propio Poder Ejecutivo, que no integran la planta permanente ni transitoria, pero cumplen funciones concretas dentro del aparato público.
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Si no forman parte de la estructura formal, resulta difícil explicar por qué desempeñan funciones claramente estructurales.
El propio documento lo expone al señalar que sus tareas son “asimilables a las de planta permanente”. En otras palabras, se reconoce que áreas clave del funcionamiento dependen de personal que no reviste como tal.
En ese marco, el eje ya no pasa por una eventual irregularidad administrativa, sino por algo más profundo: la posibilidad de que designaciones realizadas bajo criterios de confianza política —por fuera de los mecanismos formales de ingreso— terminen adquiriendo carácter definitivo.
Lejos de un problema de precarización, el esquema exhibe otra particularidad: en muchos casos, estos agentes perciben ingresos superiores a los de trabajadores de planta con décadas de antigüedad, lo que vuelve aún más delicado cualquier intento de equiparación.
Así, la discusión deja de ser estrictamente laboral para volverse política: ¿por qué quienes ingresaron por designación directa, bajo figuras de confianza y al margen de los concursos, deberían ahora acceder a condiciones de estabilidad similares a las del personal permanente?
En ese punto aparece un elemento clave: la “regularización”. Un término que, en la práctica, suele traducirse en esquemas de estabilidad progresiva o reconocimiento formal de funciones.
Ahí la contradicción queda expuesta. Cualquier proceso de este tipo implicaría, en los hechos, consolidar dentro del Estado a una cantidad significativa de agentes que ingresaron por fuera de las vías formales. Todo esto ocurre en paralelo a un discurso oficial que pone el acento en la eficiencia, el ordenamiento y la reducción del aparato público, mientras se multiplican las designaciones bajo la figura de asistentes técnicos.
¿Hay un achique real o una reconfiguración que termina ampliando la planta por otras vías?
El relevamiento propuesto podría, en los hechos, blanquear esa estructura paralela: no solo permitiría dimensionar cuántos asistentes técnicos existen, sino también definir qué lugar ocuparán hacia adelante.
La pregunta es incómoda: ¿se trata de consolidar cargos políticos dentro de la planta permanente?
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