Los últimos hechos ocurridos en Santo Tomé —un hombre asesinado en Castelli al 4600, un ataque armado en barrio Zazpe , la detención de un sujeto con un arma en Roverano al 2000 y el violento robo a un adolescente golpeado con un fierro— delinean algo más que una sucesión de episodios policiales: configuran un diagnóstico sobre el presente de la seguridad en la ciudad y sobre la capacidad estatal para intervenir en un escenario que se vuelve cada vez más complejo.
En menos de una semana, las crónicas publicadas por Santoto Digital muestran un patrón: presencia de armas de fuego en distintos contextos, ataques en la vía pública, enfrentamientos que dejan heridos graves y robos con violencia que afectan incluso a menores. La inseguridad en Santo Tomé no se limita a un tipo específico de delito, sino que abarca desde hechos de extrema violencia hasta situaciones de riesgo cotidiano que impactan directamente en la vida diaria.
Tomados en conjunto, los hechos dibujan un mapa fragmentado pero inequívoco. No es solo la frecuencia de los delitos ni la crudeza de algunos episodios: es la coexistencia simultánea de todos ellos en una ciudad donde el Estado aparece actuando sobre la emergencia, pero no sobre las causas ni sobre la sostenibilidad del control territorial. En ese intersticio, el vecino —cualquiera, de cualquier barrio— queda expuesto a un riesgo cotidiano que supera la anécdota policial y empieza a configurar una experiencia social compartida.
El contraste entre el discurso provincial —que destaca la baja de homicidios en Santa Fe— y lo que muestran los hechos de Santo Tomé agrega tensión política. Mientras el gobierno intenta instalar la idea de estabilización, la vida diaria en los barrios ofrece otra lectura: una donde las balaceras, los robos violentos y la circulación de armas forman parte de un paisaje que no retrocede.
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El problema, entonces, excede la enumeración de hechos policiales. Se vuelve una discusión sobre capacidad estatal, prioridades políticas y gestión de la conflictividad urbana. Porque lo que se repite en cada caso es una constante: la violencia irrumpe, se atiende la emergencia, se escribe la crónica, pero nada altera el curso estructural de los acontecimientos. No se reordena el territorio, no se modifican las dinámicas de control, no se construye una estrategia sostenida. El Estado llega, pero no permanece. En esa secuencia, Santo Tomé aparece atrapada.
La pregunta que queda flotando —y que empieza a incomodar a la dirigencia— es si existe voluntad política para asumir que lo que ocurre no es un problema aislado ni episódico, sino un síntoma que interpela la estrategia general de seguridad. Santo Tomé necesita una política integral que combine prevención, intervención territorial real, inteligencia criminal y reconstrucción del tejido comunitario. Algo que, por ahora, no aparece en el horizonte.
Porque mientras la agenda institucional sigue en modo trámite, la realidad avanza por otro carril. Y en ese desfasaje, el vecino queda solo.