OPINIÓN – Por Santoto Digital
El episodio ocurrido en la capital provincial no es un hecho aislado: revela tensiones acumuladas en la Policía santafesina y abre un interrogante sobre la responsabilidad del Estado en el cuidado de sus propios agentes.
El reciente episodio ocurrido en la ciudad de Santa Fe, donde efectivos de la Subcomisaría 17ª lograron evitar el suicidio de un suboficial de 27 años, no puede leerse como un hecho aislado. La noticia, publicada por Uno Santa Fe, vuelve a poner en primer plano una problemática que atraviesa a la Policía de la Provincia de Santa Fe: la salud mental y las condiciones estructurales en las que desempeñan su tarea.
Según se informó, el joven agente entregó su arma reglamentaria y su chaleco balístico tras un diálogo con sus compañeros, evitando un desenlace trágico. La intervención del Ministerio Público de la Acusación y la disposición de evaluaciones médicas y psicológicas forman parte de los protocolos institucionales. Sin embargo, la pregunta de fondo es: ¿alcanza con actuar cuando la crisis ya está desatada?
No es un caso aislado
En las últimas semanas, otro efectivo policial perdió la vida en circunstancias similares. Paralelamente, en Rosario y en toda la provincia se vivieron protestas y reclamos internos por mejoras salariales y atención a la salud mental. Es decir, el problema no es individual, sino estructural.
La función policial implica exposición constante a situaciones de violencia, estrés extremo, presión social y desgaste emocional. Si a eso se suman salarios por debajo de la línea de pobreza, incertidumbre institucional y sanciones disciplinarias en contextos de protesta, el cóctel es explosivo. No se trata de justificar conductas, sino de comprender el escenario completo.
Equipamiento no es contención
El Gobierno de Santa Fe destacó recientemente la entrega de equipamiento a nuevos suboficiales. Es una inversión necesaria. Pero dotar de armas y chalecos a los agentes no puede ser la única política visible. La seguridad pública no se sostiene solo con logística; también requiere recursos humanos emocionalmente estables y acompañados.
Un policía en crisis no es solo un drama personal: es una alerta institucional. Cuando un integrante de la fuerza llega al límite, el Estado también falló en algún punto del acompañamiento preventivo.
La urgencia de una política integral
La salud mental en las fuerzas de seguridad debería dejar de ser un tema tabú. Evaluaciones periódicas reales, equipos interdisciplinarios permanentes, líneas confidenciales de asistencia, seguimiento activo de licencias psiquiátricas y espacios de contención profesional no pueden ser medidas excepcionales, sino políticas de Estado.
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Además, el diálogo interno debe fortalecerse. Cuando los reclamos salariales y laborales se mezclan con episodios de crisis emocional, el conflicto deja de ser gremial para transformarse en institucional.
Una señal de advertencia
Que compañeros hayan logrado evitar una tragedia es una buena noticia. Pero que esa escena haya sido necesaria es, al mismo tiempo, una señal de alarma.
La sociedad exige seguridad, pero pocas veces se detiene a pensar en las condiciones humanas de quienes deben garantizarla. Si la Provincia quiere una policía más eficiente y profesional, deberá empezar por cuidar a quienes la integran.
Porque cuando la crisis está dentro de la fuerza, el problema ya no es individual: es del sistema.
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