Una abogada de 32 años de Santo Tomé, M. S. F., llegó a un acuerdo judicial por el hostigamiento telefónico a un empresario y su abogada. La acusada aceptó una suspensión de juicio a prueba (probation) tras realizar 1.700 llamadas en solo cuatro meses, entre enero y mayo de 2022.
Según la investigación, las comunicaciones fueron anónimas y en su mayoría se limitaban a respiraciones, aunque algunas contenían amenazas explícitas. La situación escaló cuando la imputada también hostigó a la abogada del empresario mediante correos electrónicos y mensajes intimidatorios. Además, utilizó información confidencial del sistema judicial para reforzar el hostigamiento.
La fiscal María Lucila Nuzzo, junto con el juez Octavio Silva, homologaron el acuerdo que incluye una reparación económica de $600.000 a una organización protectora de animales en nombre de la abogada afectada. La imputada también deberá abonar una suma no revelada al empresario y entregarle una carta de disculpas.
Como parte de las condiciones, la abogada se comprometió a realizar tareas comunitarias de dos horas semanales durante dos años, mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de las víctimas, abstenerse de todo contacto por cualquier medio, fijar domicilio, someterse a controles judiciales y abstenerse de consumir alcohol y drogas.
Si cumple con todas las condiciones y no comete nuevos delitos, la causa se cerrará con su sobreseimiento definitivo.
*Con información de Santo Tomé al Día.