La posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional amenaza la libertad de prensa y la protección laboral de quienes ejercen la profesión, poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a recibir información libre y plural.
En los últimos días volvió a ponerse sobre la mesa una discusión que no es técnica ni menor: la posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Presentada bajo el paraguas de la “modernización”, la iniciativa encierra, en realidad, un riesgo profundo para el ejercicio del periodismo y, por extensión, para el derecho de la sociedad a estar informada.
Porque conviene decirlo sin vueltas: el Estatuto del Periodista no es un privilegio corporativo, es una herramienta de resguardo. Protege condiciones laborales mínimas en una profesión que trabaja, muchas veces, bajo presión política, económica y judicial. Sin ese marco, la libertad de prensa queda librada al mercado, al poder de turno o a la conveniencia empresarial.
Ahora bien, nadie discute que el periodismo cambió. Cambiaron las plataformas, los formatos, las redacciones y las rutinas. Pero actualizar no es borrar, y modernizar no puede ser sinónimo de desproteger. Derogar una ley sin ofrecer un esquema alternativo claro es, como mínimo, una irresponsabilidad institucional.
Además, el contexto importa. No se trata de una reforma aislada, sino de una etapa donde el periodismo es señalado, desacreditado y atacado con frecuencia. En ese escenario, quitar garantías laborales y profesionales no fortalece la libertad de expresión: la debilita. Porque un periodista precarizado es un periodista más vulnerable. Y un periodismo vulnerable es terreno fértil para la censura.
El Estatuto establece reglas claras sobre estabilidad, derechos, responsabilidades y condiciones de trabajo. No impide la crítica, no bloquea la innovación ni congela el oficio en el pasado. Lo que hace es poner un piso, no un techo. Y ese piso es el que permite ejercer la profesión con un mínimo de independencia.
Por eso, el debate debería ser otro. Cómo adaptar la ley a los nuevos tiempos, cómo incluir realidades digitales, cómo mejorar lo que haga falta mejorar. Pero eliminarla sin discusión profunda es un retroceso, no una solución.
Defender el Estatuto del Periodista no es defender a los periodistas como casta. Es defender el derecho de la sociedad a recibir información libre, plural y sin condicionamientos.