La protesta de efectivos en actividad, retirados y familiares se extendió desde la capital provincial a Rosario y otras localidades, con reclamos salariales, cruces dentro de la fuerza y sanciones del gobierno.
La provincia de Santa Fe atraviesa horas de alta tensión institucional a partir de una protesta policial que expuso el malestar acumulado dentro de la fuerza. Agentes en actividad, retirados y familiares salieron a la calle para reclamar mejoras salariales, condiciones laborales dignas y respuestas concretas del gobierno provincial, en una jornada que incluyó concentraciones, choques internos y sanciones oficiales.
Las primeras manifestaciones se registraron frente a la Casa de Gobierno, en la capital provincial, donde se entregó un petitorio dirigido al gobernador reclamando una recomposición salarial acorde al costo de vida, mejores condiciones de trabajo y políticas de acompañamiento para el personal policial y sus familias. Con el correr de las horas, el conflicto se trasladó a Rosario y comenzó a replicarse en distintas unidades regionales.
Tensión y enfrentamientos
En Rosario, la protesta frente a la Jefatura de Policía escaló rápidamente. Lo que había comenzado como una concentración derivó en momentos de extrema tensión, cuando efectivos en servicio recibieron la orden de intervenir y terminaron enfrentándose con otros policías que participaban de la protesta. Patrulleros con sirenas encendidas, vehículos detenidos y calles bloqueadas marcaron una escena inédita, con la propia fuerza enfrentada consigo misma.
Situaciones similares se vivieron en la ciudad de Santa Fe, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno y se registraron cortes parciales de tránsito, mientras continuaban los reclamos y la protesta ganaba visibilidad.
La respuesta del gobierno
Desde el Ejecutivo provincial reconocieron que el reclamo salarial tiene fundamentos, pero advirtieron que no se tolerarán hechos que impliquen abandono de servicio, desobediencia o acciones que pongan en riesgo la seguridad pública. Como consecuencia de los episodios registrados, el gobierno resolvió pasar a disponibilidad a un grupo de efectivos, retirarles el armamento reglamentario y abrir actuaciones administrativas y judiciales.
El Ministerio de Seguridad sostuvo que no existió un acuartelamiento formal, aunque admitió que hubo situaciones que excedieron el marco de una protesta y que serán investigadas.
Un conflicto que se extiende
Lejos de desactivarse, el conflicto comenzó a extenderse a otras localidades. En Rafaela y en distintas unidades regionales, policías y familiares se sumaron al reclamo, expresando su apoyo a las protestas y cuestionando el manejo de la situación por parte de la conducción policial.
Más allá de los episodios de tensión, los reclamos tienen un eje común: salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, jornadas extensas, falta de descanso efectivo y escaso acompañamiento en materia de salud física y mental. Un malestar que, según los propios efectivos, se arrastra desde hace años y que volvió a estallar con fuerza.
Un escenario abierto
La protesta policial deja al descubierto un problema estructural que atraviesa a la fuerza de seguridad provincial y plantea un desafío político de fondo: cómo atender un reclamo legítimo sin poner en riesgo el funcionamiento del Estado ni la seguridad de los santafesinos. Mientras tanto, la tensión continúa y las próximas horas serán clave para saber si el conflicto encuentra un canal de diálogo o si escala a un escenario aún más complejo.