La presentación fue realizada por el agente público Luis Gorosito y el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Apunta al senador por San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, en el marco de una obra pública financiada por el Estado provincial.
En la mañana de este jueves 5 de febrero, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que investigue una serie de hechos ocurridos en el marco de la obra pública denominada “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas – Zona Este de la ciudad de San Javier”, en el departamento homónimo de la provincia de Santa Fe.
La presentación fue realizada por el agente público Luis Gorosito y el diputado provincial Fabián Palo Oliver, y se encuentra acompañada por documentación que, según sostienen los denunciantes, podría comprometer al actual senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Alfredo Dolzani.
Presunta venta de materiales a una empresa adjudicataria de la obra
De acuerdo al escrito presentado, Dolzani —titular del comercio “Corralón Dolzani”, según surge de su inscripción ante ARCA— habría comercializado materiales y servicios a la empresa Obring S.A., firma que integra la UTE adjudicataria de la obra pública mencionada, actualmente financiada por el Estado provincial.
En síntesis, se trataría de la venta de materiales y servicios por parte de una empresa perteneciente a un senador provincial a una firma contratista de una obra pública ejecutada en su propio departamento y financiada con fondos públicos.
Operación por casi 19 millones de pesos
La denuncia incorpora documentación que daría cuenta de una operación comercial por $18.894.036,11, correspondiente a la venta de materiales y servicios desde el Corralón Dolzani a Obring S.A.
Entre los elementos adjuntados se encuentran:
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una factura tipo A (N° 00010-00001490)
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y el remito correspondiente (N° 00010-31346571)
Ambos documentos están fechados el 27 de enero de 2026 y fueron incorporados como prueba en la presentación realizada ante el MPA.
Posibles delitos e incompatibilidades
De corroborarse la veracidad de los hechos denunciados, los presentantes sostienen que la conducta podría entrar en tensión con distintas normas penales y provinciales vigentes.
Entre ellas, se mencionan:
Artículo 265 del Código Penal – Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
Según la denuncia, el senador habría obtenido un beneficio económico personal al comercializar con una empresa adjudicataria de una obra pública ejecutada en su distrito. Además, en su rol legislativo, Dolzani aprobó el endeudamiento necesario para la continuidad de dicha obra y tiene deberes de contralor sobre la inversión.
Artículo 256 bis del Código Penal – Tráfico de influencias
Si bien la operación documentada es formalmente entre privados, los denunciantes sostienen que no puede soslayarse la condición de senador provincial del involucrado, cuyo rol institucional podría haber influido en la concreción del negocio.
Artículo 6 de la Constitución Provincial – Ética pública y prevención de la corrupción
Se señala un posible conflicto de intereses, en tanto los funcionarios públicos deben informar y evitar vínculos comerciales que contradigan los principios de ética pública.
Artículo 87 de la Constitución Provincial – Incompatibilidades
Establece la incompatibilidad del cargo de legislador con actividades comerciales vinculadas económicamente con el Estado provincial.
Ley Provincial N° 13.230 – Ética Pública
Prevé la obligación de denunciar conflictos de intereses y excusarse de intervenir cuando estos se presenten.
Medidas probatorias solicitadas
Finalmente, Gorosito y Palo Oliver solicitaron al MPA la realización de diversas medidas probatorias para profundizar la investigación, entre ellas:
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Requerir a ARCA información sobre operaciones comerciales entre Oscar Alfredo Dolzani y las empresas que integran la UTE (Dragados y Obras Portuarias S.A., Sabavisa S.A. y Obring S.A.).
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Solicitar al Ministerio de Obras Públicas los antecedentes técnicos de la obra.
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Disponer una pericia contable sobre la contabilidad personal de Dolzani y la de su empresa.
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Realizar una pericia técnica para determinar la procedencia de los materiales utilizados en la obra.
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Solicitar informes bancarios sobre movimientos entre Dolzani y las firmas involucradas desde 2024 a la fecha.
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Requerir informes a las empresas de la UTE sobre las obras y proyectos desarrollados en la provincia de Santa Fe desde 2024.
La investigación quedó ahora en manos del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar la veracidad de los hechos denunciados y, en su caso, su eventual encuadre legal.
LEÉ LA PRESENTACIÓN COMPLETA ACÁ: Presentación Dolzani MPA