El sistema de salud laboral que impulsa el gobierno provincial se presenta como una “política de cuidado”, pero deja preguntas abiertas sobre el rol de los prestadores privados, el uso de la información sensible y los límites del control estatal sobre los trabajadores.
La entrevista publicada por El Litoral a la secretaria de la Función Pública, Malena Azario, vuelve a poner en agenda el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSaL), impulsado por el gobierno provincial como una “política de cuidado” destinada a los trabajadores estatales. El concepto se repite a lo largo de toda la nota, casi como una consigna ordenadora. Sin embargo, el verdadero debate no parece estar enunciado con la misma claridad.
Según explica la funcionaria, el SIPSaL nace como respuesta a un sistema fragmentado, desarticulado y mayormente analógico, incapaz de producir información integrada sobre la salud laboral en el Estado. Ese diagnóstico no resulta discutible. Tampoco lo es la necesidad de mejorar los mecanismos de atención, prevención y seguimiento sanitario de quienes sostienen los servicios públicos esenciales. El punto crítico aparece cuando el “cuidado” se presenta como valor absoluto, sin que se expliciten con la misma contundencia sus límites, contrapesos y riesgos.
Uno de los ejes centrales del nuevo sistema será la construcción y centralización de información: historias clínicas laborales digitalizadas, trazabilidad de licencias, diagnósticos, tratamientos y seguimiento médico. Esa información, altamente sensible, será gestionada por un operador privado que surgirá de una licitación prevista para el 10 de marzo. El Estado, aclara Azario, conservará las juntas médicas y ejercerá funciones de auditoría. La creación de una Unidad Ejecutiva aparece como garantía de control estatal, pero no se explicitan qué mecanismos de auditoría externa tendrá ese órgano ni qué instancias supervisarán su funcionamiento.
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La funcionaria insiste en que no se tocan derechos adquiridos y que los regímenes de licencias continúan vigentes. Sin embargo, también reconoce sin eufemismos que el sistema se apoya en la “facultad que tiene todo empleador de controlar las problemáticas de salud que impactan sobre la vida laboral”. Allí aparece una tensión que la nota no termina de despejar: ¿estamos frente a una política de salud o ante una política de gestión del ausentismo apoyada en herramientas sanitarias y tecnológicas?
El dato de ausentismo promedio del 15,2% durante 2024, destacado en la entrevista, funciona como telón de fondo permanente. Se mencionan costos, reemplazos, previsibilidad fiscal. Todo legítimo desde la lógica de la administración. Pero cuando esos objetivos conviven con un sistema de control médico tercerizado, la pregunta no es ideológica sino institucional: ¿qué garantías existen de que la información recolectada no derive en prácticas restrictivas, automatizadas o sesgadas contra el trabajador?
El SIPSaL es presentado como un sistema “innovador” e “inédito” en el país. La innovación, sin embargo, no se acompaña de evaluaciones independientes, pruebas piloto públicas ni estudios de impacto comparados. La novedad parece funcionar más como argumento de legitimación que como resultado verificable. En políticas que combinan tecnología, salud y relaciones laborales, la ausencia de evaluaciones externas no es un detalle menor.
Otro dato significativo es el lugar que ocupan los gremios en el relato oficial. Según la propia Azario, las organizaciones sindicales han sido informadas “en alguna ocasión” y recién ahora se abrirán mesas de diálogo. El sistema, no obstante, ya tiene fecha de licitación. El orden de los factores también interpela: primero se diseña, luego se licita, después se conversa. Difícil pensar una política integral de salud laboral sin un debate profundo y previo con quienes representan a los trabajadores.
Finalmente, la entrevista deja una afirmación que condensa toda la discusión: “No podemos controlar a un familiar, sí podemos controlar al empleado”. La frase es honesta, pero revela con claridad que el SIPSaL no es solo un dispositivo de cuidado, sino también un mecanismo ampliado de control del vínculo laboral, ahora mediado por tecnología y gestión privada.
El debate, entonces, no es si el Estado debe cuidar la salud de sus trabajadores. Esa obligación es incuestionable. El verdadero interrogante es cómo, con qué herramientas, bajo qué controles y con qué límites cuando el cuidado, el control y la información sensible se integran en un mismo sistema. Esa es la discusión que todavía falta dar.