Se trata de una iniciativa de la ex diputada Alicia Gutiérrez, retomada por el diputado Palo Oliver (FAS).
Ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que tiene por objeto garantizar la asistencia y el acompañamiento integral a las mujeres que se desempeñen en la Policía de la provincia y en la Dirección General del Servicio Penitenciario, y que resulten víctimas de discriminación o violencia de género en el ámbito laboral.
Luego de remitirse al artículo 4° de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para las Mujeres, a los efectos de definir la discriminación o la violencia de género, el articulado establece que será función del CIPGEN:
-
Recibir las presentaciones de las mujeres pertenecientes a las fuerzas mencionadas, que presuntamente se encuadren en hechos de discriminación, violencia o cualquier otra situación relacionada con cuestiones de género que se susciten en el ámbito laboral. También se incluyen los casos en que la víctima sea sujeto alcanzado por la norma y el agresor sea personal de la misma institución.
-
Implementar mecanismos de contención personal y psicológica, brindar asesoramiento jurídico y acompañar las actuaciones administrativas o judiciales a requerimiento de la víctima.
-
Instar al Ministerio de Seguridad a implementar acciones tendientes al cese de la violencia, aconsejar traslados, otorgar licencias, readecuar tareas, entre otras medidas.
-
Llevar un registro de los casos en que intervenga.
-
Realizar estadísticas en base a dichos registros.
En otro tramo del articulado se establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación, y será este organismo quien designe a una Directora que no pertenezca ni haya pertenecido a las fuerzas de seguridad. Asimismo, todo el personal revestirá la condición de agente civil.
Finalmente, se dispone que, en cada delegación del CIPGEN —habrá una en cada región provincial— funcionen equipos multidisciplinarios que garanticen la asistencia inmediata. Dichos equipos deberán contar, al menos, con un profesional de la abogacía, un profesional de la psicología y un trabajador o trabajadora social.
En los fundamentos del proyecto, tras un repaso de la normativa nacional e internacional aplicable, se pone de relieve que “en los últimos tiempos, las mujeres policías han visibilizado las situaciones que padecen cotidianamente dentro de las fuerzas de seguridad. A nivel nacional y en la mayoría de las provincias argentinas, se han auto convocado con el objeto de formar redes de autoprotección ante las conductas patriarcales y machistas que padecen en el ámbito de estas instituciones”.
Asimismo, se menciona que “esta ley propone crear un ámbito que acompañe a las mujeres y, a la vez, desarrolle y proponga capacitar y sensibilizar a las fuerzas en esta materia. A través de un Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías, se propenderá a que las mujeres pertenecientes a las fuerzas policiales y penitenciarias vean respaldadas sus denuncias, a la vez que se garanticen todos los derechos constitucionales, además de las leyes y reglamentos propios de las fuerzas”.