La denuncia contra el senador Oscar Dolzani reabre una discusión central: por qué la ley y la ética pública prohíben que los funcionarios sean proveedores de obras financiadas por el Estado.
La reciente denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación por Luis Alberto Gorosito, agente público, y el diputado provincial Fabián Palo Oliver, vuelve a poner en el centro de la escena una regla básica de la democracia: los funcionarios no pueden hacer negocios con el Estado al que deben controlar.
La presentación solicita que se investigue al senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, por la presunta venta de materiales y servicios, a través de su firma “Corralón Dolzani”, a Obring S.A., una de las empresas que integra la UTE adjudicataria de la obra pública “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas – Zona Este de la ciudad de San Javier”. Una obra de magnitud, hoy financiada con fondos provinciales, que el propio Poder Legislativo aprobó mediante endeudamiento.
Según la documentación acompañada en la denuncia —factura y remito fechados el 27 de enero de 2026— la operación comercial ascendería a $18.894.036,11, correspondiente a provisión de hormigón, servicios de bombeo, traslados y otros ítems directamente vinculados a la obra en ejecución.
El punto central no es solo el monto. La clave está en las normas que un funcionario no puede violar sin poner en riesgo la credibilidad institucional.
Negociaciones incompatibles: el límite penal
La denuncia sostiene que la conducta podría encuadrar en el artículo 265 del Código Penal, que sanciona las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. No se trata de exigir que el funcionario firme contratos ni administre fondos: alcanza con que se “interese” en un negocio del cual puede obtener un beneficio personal, en un contexto donde su rol público resulta determinante.
Dolzani no es un comerciante más. Es senador provincial, votó presupuestos, aprobó endeudamientos y tiene un deber constitucional de controlar las inversiones del Estado. Venderle materiales a una empresa que ejecuta una obra pública en su propio departamento implica una confusión inadmisible entre lo público y lo privado.
Tráfico de influencias y ética pública
La denuncia también menciona el artículo 256 bis del Código Penal (tráfico de influencias). Aunque la operación sea formalmente entre privados, la condición de senador no es neutral: el peso institucional del cargo puede facilitar negocios que a otros no les serían accesibles.
A esto se suma la violación del artículo 6 de la Constitución de Santa Fe, que impone a los funcionarios el deber de ética pública y la obligación de informar conflictos de intereses. Aquí el conflicto no es hipotético: es concreto y documentado.
Más aún, el artículo 87 de la Constitución Provincial establece de manera expresa la incompatibilidad del cargo de legislador con actividades comerciales vinculadas económicamente al Estado provincial. No es una zona gris. Es una prohibición clara.
La Ley Provincial de Ética Pública (Ley 13.230) refuerza este criterio: ante un conflicto de intereses, el funcionario debe abstenerse, excusarse y denunciarlo. Nada de eso, según la denuncia, habría ocurrido.
LEÉ MÁS: Solicitan al MPA que investigue la posible comisión de un delito por parte de un senador provincial
No es una discusión política, es institucional
Este caso excede a una persona y a un partido. Lo que está en discusión es si los representantes de los santafesinos pueden beneficiarse económicamente de las mismas obras que luego exhiben como logros de gestión.
Cuando un senador se convierte en proveedor de una obra pública financiada por el Estado, no solo queda bajo sospecha penal: queda en crisis el principio básico de la representación política, se degrada el control republicano y se consolida una forma de ejercer el poder que la ley intenta erradicar desde hace décadas.
Por eso la intervención del MPA no es un acto de persecución, sino una obligación institucional. Investigar, esclarecer y, si corresponde, sancionar. Porque en democracia, no alcanza con que las obras se hagan: importa, y mucho, cómo y para quiénes se hacen.