Las medidas fueron dispuestas por el Gobierno provincial durante septiembre y alcanzaron a integrantes de la Policía de Santa Fe por condenas penales firmes y faltas disciplinarias graves. La destitución implica el cese de la relación de empleo público y la pérdida del estado policial, además del fin de la percepción de haberes.
Durante septiembre, el Gobierno de Santa Fe aplicó la medida depurativa de destitución a distintos integrantes de la Policía provincial. Entre los casos aparecen agentes que habían recibido condenas penales firmes y otros que fueron sancionados por infracciones disciplinarias consideradas graves.
Según los decretos, las medidas alcanzaron a María Celeste Oris, Iván Maximiliano Ballal, Jésica Mariela Traverso, Miguel Ángel Albarracín, Maximiliano Darío Pérez, Martín Darío Grosso y Brian Darío Lombardi.
En la mayoría de los casos, la destitución estuvo vinculada con condenas dictadas en sede penal que adquirieron firmeza. En otros, como el de Jésica Mariela Traverso, la medida respondió a un procedimiento disciplinario por infracciones previstas en la Ley de Personal Policial.
Los decretos establecen, según cada situación, el cese de la relación laboral con la Policía y la pérdida de los derechos derivados del estado policial. También dejan sin efecto la percepción de haberes.
Qué implica la destitución
La destitución es la sanción más grave prevista por la Ley de Personal Policial de Santa Fe. De acuerdo con la Ley 12.521, implica el cese de la relación de empleo público, la pérdida del estado policial y de los derechos inherentes a esa condición.
La normativa establece además que la destitución supone el cese de la percepción de haberes. Es decir, el agente deja de pertenecer a la Policía y deja de cobrar el sueldo correspondiente a ese vínculo laboral.
La medida debe ser dispuesta mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial, a partir de una solicitud del Tribunal de Conducta Policial.
En los casos vinculados con condenas penales, los decretos detallan la fecha en que esas sentencias adquirieron firmeza y disponen la aplicación de la medida depurativa. En los procedimientos disciplinarios, en tanto, la destitución surge como consecuencia de las actuaciones administrativas y las faltas atribuidas a cada agente.
Los siete casos
María Celeste Oris. La agente, que tenía jerarquía de suboficial, fue alcanzada por una medida de destitución vinculada con una condena penal. Según el decreto, la sentencia adquirió firmeza el 17 de noviembre de 2021, momento en el que también se produjo automáticamente el cese de su relación con la Policía.
Iván Maximiliano Ballal. También suboficial, fue destituido a partir de una condena penal que quedó firme el 22 de abril de 2024. El decreto establece el cese de la relación de empleo público como consecuencia de esa situación.
Jésica Mariela Traverso. En este caso, la destitución tuvo origen en un procedimiento disciplinario y no en una condena penal. La medida se aplicó por infracciones consideradas graves y encuadradas en los artículos 43, inciso k, apartado 1, y 43, inciso f, de la Ley 12.521. La sanción incluye el cese de la percepción de haberes.
Miguel Ángel Albarracín. El suboficial fue destituido luego de una condena penal que adquirió firmeza el 11 de agosto de 2025. A partir de esa situación, el Gobierno provincial dispuso el cese de la relación de empleo público.
Maximiliano Darío Pérez. La medida también estuvo relacionada con una condena penal firme. De acuerdo con el decreto, la sentencia quedó firme el 27 de febrero de 2023, dando lugar al cese de su vínculo con la Policía.
Martín Darío Grosso. A diferencia de los casos anteriores, Grosso tenía jerarquía de oficial. Fue destituido a raíz de una condena penal que adquirió firmeza, con el consecuente cese de la relación de empleo público y de la percepción de haberes.
Brian Darío Lombardi. El suboficial fue alcanzado por la misma medida a partir de una condena penal firme. El decreto establece que la relación con la Policía quedó extinguida el 26 de mayo de 2025, en función de esa situación.