La propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial se apoya en las proyecciones inflacionarias del REM del Banco Central y fija un incremento del 12,5 % para el primer semestre. El debate de fondo no pasa solo por el número, sino por cuánto se consolida en el salario básico y cuánto depende de estimaciones futuras.
La propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial a los gremios docentes no es solo un esquema de porcentajes y sumas fijas. Es, ante todo, una jugada política en el inicio de un año sensible: ciclo lectivo en puerta, recaudación en baja y una economía nacional todavía inestable.
El Ejecutivo eligió comunicar la oferta con un dato fuerte: ningún maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad ganará menos de $1.300.000. El mensaje está claramente orientado a la opinión pública. No se trata solamente de discutir inflación versus aumento, sino de instalar un umbral simbólico que descomprima el clima social y ponga a la Provincia en una posición de esfuerzo visible.
Sin embargo, detrás del número impactante aparece el diseño real de la propuesta: 12,5 % para el primer semestre, reconocimiento del 3 % de desfasaje 2025 y un piso garantizado de $270.000 desde febrero, compuesto por $170.000 de incremento mínimo más $100.000 del Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (Fopcid).
Ahí está la clave política. El Gobierno apuesta a un esquema que protege los salarios más bajos mediante un piso fuerte, pero al mismo tiempo sostiene una pauta porcentual alineada con proyecciones inflacionarias del REM. Es una oferta que intenta equilibrar contención salarial con previsibilidad fiscal.
El Fopcid cumple un doble rol. En el discurso oficial, es una herramienta de fortalecimiento educativo. En la práctica salarial, es una suma no remunerativa y no bonificable. Esto abre un debate estructural: ¿se está consolidando salario o se está amortiguando conflicto?
Además, el Ejecutivo dejó explícito el marco: la recaudación provincial cayó un 10 %. No es un dato técnico, es un mensaje político. Marca límites y anticipa que no habrá margen para ofertas expansivas. En otras palabras, la Provincia busca mostrarse responsable frente al contexto nacional, incluso a riesgo de tensar la negociación.
La estrategia es clara: evitar un conflicto al inicio de clases, sostener una narrativa de esfuerzo y priorización de la educación, y trasladar parte del debate al terreno de la sostenibilidad fiscal. No es una oferta disruptiva; es una propuesta pensada para administrar tensiones.
Ahora bien, la discusión real recién comienza. Los gremios no evaluarán solamente el monto inmediato, sino el impacto en el salario básico, la estructura de la carrera docente y la evolución frente a la inflación efectiva. En ese terreno se definirá si la propuesta recompone poder adquisitivo o simplemente contiene el conflicto en el corto plazo.
La paritaria docente no es solo un acuerdo salarial. Es un test político para el Gobierno: medir su capacidad de negociación, su margen fiscal real y su fortaleza para sostener un inicio de clases sin sobresaltos.
Y en ese equilibrio —entre números, relato y poder adquisitivo— se juega mucho más que una pauta del 12,5 %.