Un nuevo pedido de informes ingresó en la Legislatura provincial de la mano del diputado Miguel Rabbia, quien puso bajo la lupa al vínculo entre el Estado y las organizaciones civiles favorecidas por convenios millonarios. En esta ocasión, la pregunta recae sobre la Asociación Civil Rockas Vivas, creada en marzo de 2025, que apenas unos meses después recibió un contrato con fondos públicos por más de 924 millones de pesos a través de la Aprecod (Agencia provincial de adicciones).
Es inevitable evocar el caso de la asociación Perseverar, cuyo convenio por más de mil millones también generó cuestionamientos similares, no solo por la magnitud de los montos, sino por la rapidez con que organismos recién conformados lograron el acceso a tales recursos públicos.
La analogía entre ambos casos no es una coincidencia menor: las nuevas entidades, constituidas con escasa trayectoria institucional y con integrantes vinculados al espacio político UNO —espacio liderado por el diputado Walter Ghione— despiertan sospechas de un patrón ya operante. Que los recursos se orienten hacia organizaciones con leves antecedentes o que integran redes partidarias configura, al menos, una apariencia conflictiva.
El fondo de esta cuestión obliga a preguntarse: ¿con qué criterios se eligen los beneficiarios de políticas tan sensibles como las relativas a adicciones y salud? ¿Se prioriza la experiencia comprobada y la eficacia en el territorio, o la cercanía política y la urgencia por ejecutar fondos? La diferencia no es menor.
Transparencia
Según reveló Página/12, el pedido de informes busca conocer los fundamentos técnicos y legales del convenio, la población beneficiaria, la metodología de ejecución, los mecanismos de rendición de cuentas y los antecedentes institucionales de Rockas Vivas. Ninguno de estos elementos debería ser opcional: son esenciales cuando hablamos de recursos públicos que el Estado confía—o debería confiar—solo a entidades con rostro visible y trayectoria.
No basta con que los funcionarios aseguren que los fondos se ejecutan mensualmente “contra prestación de servicios” si no acompañan esa afirmación con datos verificables. Y no basta tampoco invocar, como lo hizo el titular de Aprecod, que muchas organizaciones continúan actividades informales antes de regularizarse para acceder a convenios: esa explicación, en lugar de despejar dudas, las agranda cuando los contratos se otorgan apenas meses después de la constitución formal.
Esta disputa no es solo sobre una asociación o sobre un monto: acá está en juego la credibilidad del sistema de control y la garantía de que la plata de todos los santafesinos se destine a causas con sentido, eficacia y ética.
La transparencia no puede ser solo una consigna. Y cuando surjan sombras —como las que hoy envuelven a Rockas Vivas— el Estado tiene la obligación impostergable de disiparlas.
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