La Convención Constituyente eliminó la religión oficial. Pero mientras se proclama transparencia en los papeles, el Ejecutivo reparte convenios millonarios a asociaciones sin trayectoria y con vínculos políticos demasiado claros.
La Asociación Civil Perseverar, constituida el 31 de enero de 2025, recibió apenas dos meses después —el 31 de marzo— un convenio de más de $1.033.050.000 del gobierno provincial a través del programa “Redes de Cuidado” de Aprecod, según informó Página/12. Este monto es significativamente superior al otorgado a entidades con trayectoria, como “La Alborada” ($460 millones) o “Cambiar” ($279 millones).
El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes, cuestionando la falta de respaldo técnico, experiencia o actividad comprobada de Perseverar. La iniciativa contó con el apoyo de varios legisladores: Omar Perotti, Marcos Corach, Sonia Martorano y Walter Agosto (Hacemos Santa Fe); Verónica Baro Graf (Frente Renovador); Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía); y Alicia Azanza, Amalia Granata y Silvia Malfesi (Somos Vida).
Ante esto, Aprecod aclaró que no se trata de un subsidio, sino de una contratación de servicios profesionales, pagados mes a mes tras certificación, y que todos los controles administrativos, legales y terapéuticos se cumplen. Pese a ello, la magnitud del monto —sumada a la velocidad de la adjudicación y a los vínculos partidarios de sus integrantes, relacionados con el partido UNO liderado por Walter Ghione— continúa generando suspicacias.
Paralelamente, la Convención Constituyente dio luz verde a reformas sustanciales: la separación entre Iglesia y Estado, dejando de reconocer una religión oficial.
El proceso se desarrolló con rapidez: la nueva Constitución se votará el 9 de septiembre y entrará en vigencia el mismo día de la jura, 12 de septiembre. Además, se incluyó una cláusula que habilita al gobernador para competir en 2027.
Aunque estos avances son notables, persisten tensiones dentro del proceso: por ejemplo, el presidente de la Convención, Felipe Michlig, fue captado amenazando con agredir físicamente a otro constituyente cuando creyó el micrófono cerrado —un episodio que evidencia el nivel de conflicto interno más allá de los consensos formales.
Al leer ambas situaciones en simultáneo, surge una pregunta: ¿refuerzan realmente la institucionalidad santafesina?
Por un lado, la asignación de recursos por más de mil millones de pesos a una asociación sin trayectoria y con vínculos políticos explícitos pone en tela de juicio la integridad del Estado como garante del interés general, especialmente en asuntos sensibles como las adicciones.
Por otro, la incorporación de laicidad en la Constitución representa un paso saludable, pero se ve empañada por procesos internos tensionados, cláusulas transitorias que benefician mandatos actuales y una velocidad de aprobación que suscita dudas sobre la profundidad del debate y la consistencia institucional.
Santa Fe vive contrastes intensos, donde la transparencia es puesta bajo la lupa. La consolidación republicana depende de procedimientos sólidos, participación representativa y decisiones legítimas. Estos sucesos muestran la misma tensión: cómo fortalecer las instituciones sin que intereses políticos y sospechas erosionen su legitimidad.