Activistas y legisladores presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto que busca transformar la Granja La Esmeralda en un centro de rescate y conservación sin exhibición de fauna. Denuncian la falta de diálogo con el gobierno provincial y reclaman participación en las decisiones.
En una conferencia conjunta entre organizaciones defensoras de los derechos animales y el legislador del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver, se presentó un proyecto para darle rango de ley al plan de refuncionalización de la Granja La Esmeralda. La iniciativa, registrada el 28 de noviembre bajo el número 55.382, fue elaborada por activistas, representantes de ONG, y canalizada a través del bloque legislativo.
El proyecto surge en respuesta a la decisión del gobierno provincial de avanzar en la transformación del predio mediante un financiamiento de 65 millones de euros otorgado por la Agencia Francesa para el Desarrollo, en el marco del programa “Biodiversidad para la Acción Climática”. Si bien los impulsores del proyecto reconocen la necesidad de refuncionalizar La Esmeralda, marcan una diferencia sustancial: se oponen a la exhibición de animales.
Según explicaron, la propuesta del Ejecutivo fue elaborada sin participación de las organizaciones especializadas en bienestar animal. “Nunca fuimos convocados a debatir o hacer un aporte. Para nosotros no hay bienestar animal si hay exhibición”, señalaron.
Las organizaciones sostienen que no se oponen al trabajo que se realiza en La Esmeralda, y valoran que haya un espacio para recepcionar animales víctimas del mascotismo, la caza o el tráfico. Sin embargo, proponen un modelo diferente de educación y concientización, sin la exposición de los animales al público.
Desde febrero de este año, se realizaron dos pedidos de informe al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático solicitando información detallada sobre el estado de los animales, ingresos, egresos y permanencias en el predio. Hasta el momento, aseguran, no recibieron respuesta. Tampoco hubo una devolución por parte de la Comisión de Ambiente de la Legislatura, a la cual solicitaron una reunión formal.
En este sentido, los activistas remarcaron que el proyecto no busca eliminar el espacio, sino transformarlo en un centro de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre, con una mirada moderna, ética y respetuosa del bienestar animal.
“Los animales no están para nuestra recreación ni para ser exhibidos”, afirmaron. “Venimos de una cultura antropocéntrica que naturalizó el uso de los animales como cosas, cuando en realidad son individuos con su propio propósito en la Tierra”.
Además, recordaron antecedentes legales y filosóficos que respaldan esta visión, como la Declaración de Cambridge de 2012, en la que neurocientíficos reconocen la conciencia y capacidad de sufrimiento en los animales, y la Declaración de Tulum de 2014, donde se postula que los animales deben ser considerados “personas no humanas”.
Durante la exposición, también se hizo hincapié en que la verdadera educación debe enfocarse en prevenir las causas por las que los animales terminan en espacios como La Esmeralda. Entre ellas, señalaron la existencia de cotos de caza, el mascotismo y el tráfico de fauna, prácticas que deberían ser abordadas con políticas públicas activas y legislación específica.
En este marco, el legislador provincial autor del proyecto también presentó una iniciativa para prohibir los cotos de caza, considerados por los activistas como una práctica cruel que beneficia a unos pocos y perjudica gravemente a la fauna.
Finalmente, se destacó que Santa Fe cuenta con una ordenanza que prohíbe los circos con animales, lo cual representa un antecedente normativo que reconoce a los animales como seres conscientes y sintientes. En línea con este principio, desde las ONG proponen que, dentro del predio de 13 hectáreas de La Esmeralda, entre el 70% y el 80% del espacio se destine a una reserva o santuario lo más alejado posible del contacto humano, para evitar que los animales sean doblemente victimizados.
“Decimos sí a La Esmeralda, pero como un lugar de cuidado, contención, protección y educación sin exhibición. Un gobierno progresista no puede volver a impulsar un zoológico encubierto. Tiene que estar a la vanguardia.”, afirmaron.
El proyecto también contempla la creación de un consejo consultivo con participación de organizaciones y especialistas, para asegurar que las políticas públicas relacionadas con la fauna se diseñen y ejecuten de forma participativa y respetuosa de los nuevos paradigmas en torno a los derechos animales.