Una trabajadora del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe denunció al Secretario de Participación Social, M.D. de dicha cartera, por abuso sexual simple. Según la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer en diciembre pasado, el hecho ocurrió dentro de las oficinas del Ministerio, ubicadas en Juan de Garay y 1º de Mayo, en la ciudad de Santa Fe. La trabajadora señaló que el funcionario la acorraló en una zona de la oficina y la abusó sexualmente mientras se encontraban solos. Tras el episodio, la denunciante pidió licencia médica, la cual permanece vigente hasta la fecha.
La causa, que se encuentra en etapa investigativa, enfrenta el hermetismo característico de la feria judicial de enero. Sin embargo, la semana pasada, el Ministerio de Salud recibió un oficio judicial relacionado con la denuncia. Según fuentes oficiales, «el área legal está evaluando los pasos a seguir para garantizar una respuesta adecuada y acorde a las disposiciones legales». No obstante, desde la cartera, liderada por la médica Silvia Ciancio, evitaron brindar mayores detalles sobre el caso. Al requerimiento de entrevistas, la respuesta fue contundente: «no estamos coordinando entrevistas por este tema».
El caso ha sido expuesto públicamente, hasta ahora, únicamente por los medios Periódicas y Página 12, pero también ha suscitado inquietud en el ámbito legislativo. Fabián Palo Oliver, diputado provincial, elevó un pedido formal al gobernador Maximiliano Pullaro y a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, solicitando información sobre las medidas adoptadas respecto al funcionario denunciado y el acompañamiento brindado a la víctima. En su escrito, el legislador expresó preocupación por la lentitud y displicencia en el tratamiento de delitos de connotación sexual vinculados a funcionarios públicos y subrayó la necesidad de que el denunciado sea apartado de su cargo hasta que la situación judicial sea resuelta.
Cabe destacar que, a pesar del conocimiento generalizado del caso entre los trabajadores y funcionarios del Ministerio, no se habían tomado acciones concretas hasta la reciente llegada del oficio judicial. Esta demora, según Palo Oliver, resulta «injustificable desde cualquier punto de vista», más aún cuando se trata de un hecho que ocurrió hace meses.
*Con información de Página 12.