Casi un centenar de familias de Santo Tomé lleva más de diez años esperando una resolución judicial tras ser víctimas de un presunto fraude inmobiliario vinculado a un loteo cercano al Club Independiente. Los compradores adquirieron y pagaron terrenos en 2012, pero nunca pudieron acceder a ellos debido a que el desarrollo nunca obtuvo habilitación municipal.
Un conflicto que se agrava con los años
Los damnificados compraron alrededor de 150 lotes dentro de un predio de 15 hectáreas fraccionado en 350 parcelas. Sin habilitación municipal y sin entrega efectiva, iniciaron acciones legales para recuperar lo invertido y reclamar daños y perjuicios.
El abogado de la mayoría de las familias, Rubén Decoud, explicó que la primera medida fue lograr la inhibición de los desarrolladores para evitar nuevas ventas y avanzar hacia el remate del predio, con el propósito de obtener algún tipo de compensación.
La maniobra que derivó en la presunta estafa
El caso dio un giro en 2018, cuando, a días del remate, apareció un hombre identificado como G. C. presentando un boleto de compraventa firmado cinco años después de haberse vendido los primeros lotes. En ese documento, los desarrolladores le transferían la totalidad de las 15 hectáreas por el valor equivalente a un solo lote.
“Lo gravísimo —indicó Decoud— es que después de haber vendido 150 lotes y estando inhibidos, aparece un boleto nuevo que le da el dominio total del predio. Es la maniobra central de la estafa”.
Conocimiento previo y acciones que comprometen
Según el abogado, G. C. conocía el conflicto original: “Sabía que había 150 lotes vendidos y que el vendedor estaba inhibido. En el mismo boleto dice que pagará la inhibición y honrará las obligaciones, cosa que nunca hizo”.
Incluso, tras firmar ese documento, envió intimaciones a los compradores originales reclamando el pago de impuestos de los terrenos.
Freno judicial y una causa paralizada
La aparición del nuevo boleto detuvo el remate y obligó a iniciar un segundo juicio para impugnar la pretensión de G. C. Las familias obtuvieron un fallo favorable en primera instancia, pero la causa fue apelada y quedó varada en la Cámara de Apelaciones.
“El expediente está en la Cámara desde hace mucho tiempo y eso nos preocupa. El paso del tiempo juega en contra de la gente”, señaló el abogado.
Decoud interpreta que la estrategia del nuevo comprador sería desgastar a los damnificados para que acepten ofertas irrisorias y así quedarse con la totalidad de las tierras a un precio mínimo.
Una década de espera sin respuestas
A más de diez años de la compra, las familias siguen sin terrenos, sin devolución del dinero y con un expediente que no avanza. La incertidumbre se mantiene mientras la Cámara de Apelaciones define si confirma la sentencia que favorece a los damnificados o si le da vía libre al reclamo del comprador posterior.
*Con información de UNO