En la última sesión del Concejo Municipal, la concejal Giselle Miravete expuso un duro discurso contra el aumento del 20% en la alícuota de la patente automotor para el ejercicio 2026. Sostuvo —en un planteo que no resiste un análisis serio— que el incremento afectaría la cadena productiva, que terminaría recayendo sobre los vecinos y que no existen evidencias de austeridad por parte del Ejecutivo que justifiquen una suba impositiva.
El planteo, tuvo sin embargo un detalle imposible de pasar por alto: el año pasado, la misma concejal votó a favor de un aumento idéntico, impulsado también por el Ejecutivo. Es decir: el esquema de patente que hoy critica con énfasis es el mismo que avaló con su voto cuando se discutió el presupuesto anterior.
El acta oficial de aquella sesión no deja lugar a dudas. Miravete acompañó el proyecto del DEM —artículo por artículo— que estableció las alícuotas actualmente vigentes. Hoy, ya a finales de 2025, objeta el aumento bajo el argumento de la falta de “austeridad” y “justificación técnica y financiera”. La pregunta es inevitable:
¿Qué cambió realmente en un año? ¿La estructura impositiva o la posición política?
A esto se suma otro dato relevante: la Municipalidad debió emitir recientemente un comunicado oficial aclarando la situación de la sexta cuota de la patente, luego de que se generaran dudas y malentendidos sobre su aplicación. Lejos de haber sido una maniobra recaudatoria adicional, la propia administración explicó que la cuota responde al mecanismo habitual de actualización y distribución del tributo, sin implicar un aumento extraordinario.
En ese contexto, la intervención de Miravete en la última sesión se vuelve aún más llamativa. Mientras la Municipalidad aclara técnicamente qué ocurrió con la sexta cuota, y mientras el Concejo trata un incremento previsto en el marco normativo provincial, la concejal plantea un relato donde el esfuerzo “siempre lo hace el vecino”, omitiendo que ella misma respaldó el esquema que generó ese valor final de la patente.
La discusión sobre impuestos merece ser seria. Crítica cuando corresponde, rigurosa siempre. Pero también coherente. Y es ahí donde esta intervención exhibe su punto más débil.
Porque si quien hoy rechaza el aumento es la misma que lo aprobó el año pasado, la pregunta deja de ser para el Ejecutivo y pasa a ser para ella: ¿qué cambió, la realidad o su conveniencia política?