A partir de una denuncia penal presentada por la abogada querellante Carolina Walker Torres, el diputado del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver, presentó un proyecto de Comunicación solicitando a la Corte Suprema de Justicia de la provincia información sobre “actuaciones administrativas, medidas disciplinarias o resoluciones adoptadas” en torno a un equipo interdisciplinario del Poder Judicial.
El pedido se vincula con la actuación de ese equipo técnico en la causa “S, J. S. c/ D, V. A. s/ Alimentos, Litis Expensas, Tenencia y Régimen de Visitas” (Expte. 64/2014), que tramitó en el entonces Tribunal Colegiado de Familia N.º 5, Secretaría Segunda.
Entre los fundamentos, Palo Oliver recordó que la querellante denunció penalmente a las profesionales del equipo que entrevistaron a dos niñas que, según un fallo dictado en una investigación penal posterior, fueron víctimas de abuso sexual agravado por parte de su padre. No obstante, el informe elaborado por el equipo —integrado por profesionales del Poder Judicial santafesino— concluyó que los hechos relatados por las niñas no constituían abuso, sino prácticas “naturalizadas” dentro del núcleo familiar.
Diez años después, dos de las integrantes ratificaron esas conclusiones al declarar como testigos en el juicio penal seguido contra el padre denunciado.
Palo Oliver subrayó que, en 2016, las profesionales recomendaron la revinculación de las niñas con su padre, pese a la existencia de la denuncia penal por abuso sexual y a la negativa expresa de las menores. Ese dictamen, señaló, tampoco contempló el rechazo de las niñas a reanudar el contacto.
Las integrantes del equipo fueron denunciadas como presuntas coautoras de los delitos de prevaricato, denegación de justicia, incumplimiento y omisión de deberes de funcionario público, y encubrimiento agravado, por tratarse de un delito especialmente grave y cometido por un funcionario.
Según la denuncia, las profesionales aplicaron el denominado “síndrome de alienación parental” (SAP), teoría ampliamente desacreditada. En el informe se sostuvo: “La Sra. S. ha establecido una suerte de binomio madre–hijas frente al padre. Prevalece en ellas una mirada egocéntrica, no diferenciando su propio yo del de sus hijas.”
A partir de ese razonamiento, concluyeron que el relato de las niñas no correspondía a hechos reales.
Al mismo tiempo, el propio informe describía las conductas abusivas como “juegos”, parte de la “dinámica relacional de la familia”, o prácticas que “adquirieron la connotación de abuso” tras la separación.
“Diez años después, las profesionales que testimoniaron en el juicio sostuvieron esas conclusiones hasta el punto de afirmar que las niñas habían consentido los abusos. Una afirmación que, por sí sola, amerita que la Corte adopte medidas respecto de su desempeño”, agregó el legislador.
Finalmente, Palo Oliver remarcó: “Queremos saber qué medidas tomó la Corte, porque este caso muestra cómo el sistema judicial puede reproducir violencias, invisibilizar abusos y lesionar los derechos de las infancias”.