Editorial – Santoto Digital
La última liquidación salarial dejó al descubierto una distorsión interna que va más allá del aumento selectivo: oficiales y profesionales técnicos con jerarquía y antigüedad quedaron equiparados a agentes recién egresados, poniendo en tensión el sentido mismo de la carrera policial en la provincia.
El conflicto policial en Santa Fe sumó un nuevo capítulo tras la última liquidación de haberes. Aunque el Gobierno provincial anunció un aumento salarial para la fuerza, la aplicación desigual generó malestar en distintos escalafones y reabrió el debate sobre la jerarquía y la carrera dentro de la Policía.
Lo que ocurrió con la última liquidación de haberes en la Policía de Santa Fe no es solo un problema administrativo. Es, ante todo, un problema político.
El decreto que anunció aumentos para la fuerza generó una expectativa clara: una recomposición que alcanzaría al conjunto del personal. Sin embargo, en la práctica, la mejora impactó principalmente en el escalafón de seguridad —sobre todo en suboficiales— mientras que otros sectores, incluidos oficiales, subinspectores e inspectores con jerarquía y antigüedad, no vieron reflejado ese incremento en la misma proporción. En algunos casos, incluso, la diferencia con un recién egresado se redujo a niveles simbólicos.
Y allí aparece el núcleo del conflicto: cuando la jerarquía deja de traducirse en reconocimiento salarial, la carrera se desarticula.
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La Ley del Personal Policial de la provincia de Santa Fe estructura una fuerza jerárquica, basada en grados, responsabilidad y concursos. Esa arquitectura no es decorativa: es la columna vertebral de cualquier institución armada. La jerarquía no solo ordena funciones, también ordena expectativas, proyección profesional y sentido de pertenencia.
Si un oficial con años de servicio, formación específica y responsabilidad operativa —o un profesional técnico abocado a tareas de análisis especializado— termina cobrando lo mismo, o apenas más, que un agente recién incorporado, el mensaje político es claro aunque no se exprese abiertamente: la carrera perdió valor como herramienta de estímulo y como mecanismo de diferenciación interna.
Esto no significa que mejorar el salario de los escalafones más bajos sea incorrecto. Al contrario. El problema aparece cuando esa mejora no se integra en una escala coherente y proporcional. La política salarial no puede ser fragmentaria ni coyuntural; debe respetar la lógica interna de la institución. De lo contrario, genera distorsiones que afectan la autoridad, la motivación y la disciplina.
Desde el punto de vista político, el Gobierno provincial buscó desactivar un foco de tensión social con anuncios rápidos y cifras impactantes. Pero al hacerlo de manera segmentada, abrió otro frente: el de la inequidad interna. Se resolvió parcialmente la presión externa, pero se incubó un malestar estructural hacia adentro.
La seguridad pública no se sostiene solo con patrulleros y estadísticas. Se sostiene con una fuerza que crea en su propia carrera, que perciba que ascender implica progresar y que la responsabilidad tiene correlato en el reconocimiento económico.
Cuando esa ecuación se rompe, no solo se afecta el bolsillo. Se desnaturaliza el sentido mismo de la carrera policial.
La pregunta de fondo ya no es cuánto se paga, sino qué modelo de fuerza se está construyendo: uno basado en la profesionalización y la carrera, o uno atravesado por parches salariales que priorizan la coyuntura sobre la estructura.
Y esa decisión, inevitablemente, es política.
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