En plena tensión con los docentes, el gobernador apuntó contra ciertas formas de protesta mientras el conflicto salarial sigue abierto tras el cierre de la paritaria por decreto.
En medio del conflicto salarial con el sector docente, el gobernador Maximiliano Pullaro endureció su discurso y apuntó contra determinadas formas de protesta, al calificar como “prácticas fascistas” la irrupción en actos que no fueron organizados por quienes se manifiestan.
El mandatario provincial diferenció entre lo que considera un reclamo legítimo —como una movilización convocada para expresar desacuerdo con una política pública— y aquellas acciones que, según sostuvo, buscan interrumpir actividades oficiales. En ese sentido, afirmó que respetaría una marcha organizada frente a Casa de Gobierno, pero cuestionó con dureza la participación en actos oficiales con el objetivo de romperlos.
Sin embargo, sus declaraciones se dan en un contexto particularmente sensible. El conflicto docente no solo sigue abierto, sino que además estuvo atravesado por la decisión del Ejecutivo de cerrar la paritaria por decreto, lo que redujo los márgenes de negociación con los gremios y trasladó la tensión al plano de la protesta.
En ese marco, el uso de términos como “fascismo” introduce un elemento de fuerte carga política que no pasa desapercibido. Si bien puede interpretarse como un intento de marcar límites sobre las formas de manifestación, también corre el riesgo de escalar el conflicto y desplazar el eje de la discusión.
Porque mientras el debate se centra en cómo se protesta, la cuestión de fondo permanece sin resolución. Los docentes vienen advirtiendo que los salarios no alcanzan frente al aumento del costo de vida, una situación que impacta directamente en su poder adquisitivo y en las condiciones laborales del sector.
Asimismo, al poner el foco en la legitimidad de las convocatorias y en la capacidad de movilización, el discurso oficial introduce un criterio discutible dentro de la lógica democrática, donde la validez de un reclamo no debería depender exclusivamente de su masividad.
En definitiva, mientras el Gobierno endurece su discurso sobre las formas de protesta, el problema de fondo persiste: salarios deteriorados y una negociación cerrada de manera unilateral que aún no encuentra salida.