Castraciones irregulares en Santo Tomé: La titular de una ONG evitará el juicio con tareas comunitarias

La investigación fue llevada adelante por la fiscal Laura Martí, encargada de la Unidad de Faltas y Contravenciones del MPA, y comenzó por la denuncia de una vecina de Santo Tomé, quien sostuvo que integrantes de la ONG había castrado su perro sin consentimiento. El proceso penal se resolvió a través de una suspensión de juicio a prueba -probation-, avalado por el juez Octavio Silva. Las imputadas fueron asistidas por el abogado defensor Pablo Notaro, quien se encargó de recalcar que las mujeres no estaban aceptando la culpabilidad del hecho.Castraciones irregulares en Santo Tomé

Las mujeres fueron imputadas por dos delitos: el primero de ellos ocurrió en noviembre de 2021, cuando una de ellas le envió un whatsapp a una vecina de Santo Tomé y le dijo que no iba a devolverle el pitbull, que estaba judicializado porque la ONG se había hecho cargo y que si no estaba castrado, la organización iba a hacerlo. Le dijeron que la ley amparaba la decisión y que si ella no consentía la castración del animal, le iban a mandar la policía a la casa, por lo que la mujer accedió a la castración del perro en contra de su voluntad.Al radicar la denuncia, la víctima sostuvo que desde la ONG le habían exigido dinero para castrar al animal, o que realizara ventas de rifas a beneficio, ya que existía la “obligación” de castrar a todos los animales judicializados, cuando en realidad las actividades de las organizaciones no gubernamentales en Argentina poseen fines altruistas y son gratuitas.El segundo de los hechos imputados indica que durante años, entre 2015 y 2021, integrantes de la ONG utilizaban las instalaciones del Estado provincial y municipal en Santo Tomé para beneficio propio y para “causar perjuicio moral y económico al Estado” a través de engaños y mentiras para lograr la participación de funcionarios: afirmaban sobre la existencia de un proceso de judicialización de animales callejeros y un protocolo de actuación creado por ellas mismas para lograr la intervención de personal policial y de veterinarios para que realicen las castraciones.Estos hechos fueron calificados como coacciones y defraudaciones a la administración pública. La suspensión de juicio a prueba fue dispuesta por el juez Octavio Silva.