Gabriela Solano, coordinadora del Ente del Área Metropolitana de Santa Fe, reflexionó sobre el rol de las áreas metropolitanas y la necesidad de incluirlas en el debate por la reforma constitucional.
En un artículo de opinión, Gabriela Solano destaca que la reciente sanción de la Ley 14.384 —que declara la necesidad de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe— abre una oportunidad para incorporar nuevos derechos y herramientas de gestión que respondan a las transformaciones sociales y territoriales de las últimas décadas.
Solano recuerda que las áreas metropolitanas surgen del reconocimiento de “interconexiones funcionales, económicas, físicas, sociales y culturales” que trascienden los límites administrativos de cada ciudad. Retoma las ideas impulsadas por el exgobernador Miguel Lifschitz, quien promovió la Ley de Áreas Metropolitanas y también impulsó la reforma constitucional, para subrayar que el objetivo es coordinar acciones públicas y privadas que mejoren la calidad de vida y el desarrollo estratégico de las regiones.
En su análisis, la autora vincula la necesidad de reconocer las áreas metropolitanas con la consagración del “derecho a la ciudad”, entendido como el derecho de todos los habitantes a vivir en ciudades justas, inclusivas, seguras y sostenibles. Para lograrlo, considera fundamental contar con herramientas que garanticen la participación ciudadana, la equidad territorial y la cooperación entre municipios.
Solano advierte que, a diferencia de otras provincias argentinas que han avanzado en normas para fomentar la integración intermunicipal, Santa Fe todavía no lo contempla de manera explícita en su Constitución. Por eso propone que, en el marco de la reforma, se incorporen mecanismos que permitan a los municipios celebrar convenios y crear organismos intermunicipales para coordinar políticas públicas, como ya sucede en Chubut o Córdoba.
Un punto central del debate —según señala la autora— es cómo financiar las competencias que implica la autonomía municipal. Intendentes y presidentes comunales suelen manifestar que terminan respondiendo por temas como salud, seguridad o educación, sin contar con los recursos necesarios. En ese sentido, Solano advierte que la autonomía no puede quedarse solo en la letra: requiere acompañarse con recursos propios o transferencias provinciales para que los gobiernos locales puedan asumir esas responsabilidades.
Finalmente, Solano plantea que pensar nuestras ciudades y pueblos en clave metropolitana implica diseñar políticas que trasciendan las fronteras de cada municipio: transporte público, ordenamiento territorial, cuidado del ambiente y desarrollo económico regional. “Vivir en comunidad se convierte en la clave para vivir mejor”, resume.
De esta manera, concluye que la reforma constitucional no es solo una actualización normativa, sino una oportunidad para modernizar el gobierno local, fortalecer la autonomía municipal y garantizar derechos que mejoren la vida de quienes habitan en Santa Fe y su área metropolitana.