Las críticas del ministro Lisandro Enrico al sistema de agua potable reabren un debate de fondo: gestión, desinversión y responsabilidades políticas que se arrastran desde hace años en Santo Tomé.
Las declaraciones del ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, sobre la crisis del agua potable en Santo Tomé vuelven a poner sobre la mesa un problema que no es nuevo, pero sí cada vez más intolerable. Un servicio esencial que falla de manera crónica no puede explicarse solo con diagnósticos tardíos ni con señalamientos hacia abajo.
Decir que “el sistema es históricamente malo” es, en parte, una obviedad. Los vecinos lo saben desde hace años. Lo padecen cada verano, cada ola de calor, cada vez que abren una canilla y no sale nada. Lo que resulta más discutible es el intento de encapsular las responsabilidades en una supuesta mala gestión local, como si la Provincia hubiese sido apenas una espectadora distante de este deterioro.
El Estado provincial no solo provee el agua a través del acueducto Desvío Arijón: también regula, financia, planifica y decide cuándo y dónde se invierte. Si el problema lleva décadas, entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde estuvo la Provincia durante todo ese tiempo?
Más delicado aún es el eje elegido para explicar el colapso del sistema: la baja cobrabilidad y las tarifas atrasadas. Plantear el problema en esos términos roza una inversión peligrosa de las responsabilidades. ¿Se puede exigir pago pleno por un servicio que llega mal o directamente no llega? ¿Es razonable cargar sobre el vecino el peso de un sistema que nunca terminó de funcionar?
El agua potable no es un lujo ni un negocio: es un derecho básico. Y como tal, debe ser garantizado antes de ser facturado. La ecuación económica importa, claro que sí, pero no puede ser el único lente para analizar una falla estructural que combina desinversión, decisiones postergadas y falta de planificación sostenida.
Las obras anunciadas por la Provincia pueden ser un alivio parcial y bienvenido, pero no alcanzan para cerrar el debate. Porque el problema de fondo no es solo técnico: es político. Y exige algo más que diagnósticos duros hacia afuera. Exige asumir responsabilidades propias, pasadas y presentes.
Santo Tomé no es el problema. Es el síntoma. Y mientras el agua siga faltando en los barrios, cualquier discurso que no venga acompañado de soluciones estructurales y sostenidas corre el riesgo de quedarse en eso: palabras que no llenan tanques.
Por eso, el problema del agua no admite relatos cómodos ni responsabilidades fragmentadas. Cuando quienes gobiernan hoy son, en buena medida, los mismos que gobernaron ayer, el argumento de la “mala gestión histórica” deja de ser una explicación y se convierte en una confesión.
Mientras tanto, en los barrios el agua sigue sin salir. Y cuando eso ocurre, ya no alcanza con señalar fallas técnicas ni culpar al vecino. Hace falta algo más elemental y más escaso que el agua: asumir responsabilidades.
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