El anuncio oficial habló de pisos garantizados y aumentos progresivos, pero en distintas jerarquías los montos no se acreditaron como se comunicó, lo que desató tensión dentro de la fuerza.
El gobierno de Santa Fe difundió un comunicado asegurando que todos los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario recibieron aumentos salariales. Según el comunicado oficial, los incrementos incluyen retroactivos desde diciembre de 2025, plus operativo, aumentos progresivos hasta junio y un piso mínimo garantizado para oficiales, subinspectores, inspectores y demás jerarquías tendrían un salario base asegurado, más los complementos correspondientes. El mensaje oficial fue claro: “los ajustes alcanzan a todos los cargos, garantizando la recomposición salarial completa de los agentes de la fuerza”.
La realidad, sin embargo, es muy distinta. Ninguno de los agentes de PDI de los escalafones General, Profesional, Técnico y de Servicios cobró las recomposiciones anunciadas. Muchos apenas superan su piso gracias al plus de PDI; si lo pierden, sus ingresos quedarían muy por debajo de lo que hoy cobra un suboficial recién egresado, que sí recibió el aumento prometido. Esto plantea preguntas inevitables: ¿por qué se prometieron aumentos que no llegaron a esas jerarquías? ¿Se trata de un retraso administrativo o de una estrategia comunicacional? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias tendrá este incumplimiento en la relación entre el gobierno y la fuerza de seguridad?
Este incumplimiento deja al descubierto un problema en la política salarial. Mientras los suboficiales cobraron los aumentos, oficiales, subinspectores, inspectores y otras jerarquías siguen esperando que lo anunciado se vea en sus recibos. A eso se suma un básico históricamente bajo, que mantiene y profundiza las diferencias dentro de la fuerza.
No se trata únicamente de una liquidación salarial mal instrumentada. En una fuerza vertical y jerarquizada, las diferencias y los incumplimientos impactan directamente en la cadena de mando y en la legitimidad de la conducción política. Cuando la palabra oficial no coincide con los hechos, la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política. En un área tan sensible como la seguridad, la autoridad del gobierno no se sostiene solo con anuncios, sino con coherencia, previsibilidad y cumplimiento efectivo.
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