OPINIÓN – Por Santoto Digital
En una entrevista concedida a CyD Litoral y publicada por El Litoral, el diputado José Corral defendió la reforma del Código Procesal Laboral que el Ejecutivo enviará a la Legislatura el jueves 26. Sostuvo que la iniciativa busca reducir la litigiosidad y afirmó que Santa Fe paga 100 millones de dólares más en ART que Córdoba, lo que —según su mirada— afecta la competitividad de las Pymes.
El argumento suena seductor: Santa Fe paga 100 millones de dólares más en ART que Córdoba. Hay el doble de juicios. Las Pymes pierden competitividad. Algo hay que hacer.
El diputado José Corral lo dice sin rodeos: “llegar a la justicia tiene que ser muy excepcional”. La frase, que intenta transmitir racionalidad económica, encierra una definición política mucho más profunda: el acceso judicial deja de ser una garantía para transformarse en un problema.
El oficialismo que encabeza Maximiliano Pullaro decidió que la litigiosidad laboral es un obstáculo productivo. Y puede que exista abuso. Puede que haya distorsiones. Puede que el sistema necesite correcciones. Pero el modo en que se presenta la reforma revela algo más que una mejora técnica: revela un cambio de paradigma.
En el derecho laboral argentino rige un principio histórico: proteger al más débil de la relación. El trabajador no negocia en igualdad de condiciones con el empleador ni con una aseguradora. Por eso existe un fuero especial. Por eso existe revisión judicial.
Cuando se instala que la justicia debe ser “excepcional”, la pregunta inevitable es: ¿excepcional para quién?
La comparación con Córdoba tampoco es inocente. La provincia mediterránea tiene uno de los sistemas más restrictivos en materia de acceso judicial tras la intervención de comisiones médicas. ¿Menos juicios significan menos conflictos reales o menos posibilidades de reclamar? ¿La baja de demandas refleja armonía laboral o barreras más altas para litigar?
El discurso productivista simplifica la ecuación: menos juicios = menos costos = más empleo. Pero la experiencia argentina demuestra que el empleo depende mucho más de la macroeconomía, la estabilidad y el crédito que de la cantidad de demandas laborales.
Además, hay un dato incómodo: si el problema fueran sólo “los juicios abusivos”, ¿por qué las aseguradoras siguen operando con rentabilidad sostenida? El costo no siempre es sólo consecuencia del litigio, sino también de cómo está estructurado el negocio del riesgo del trabajo.
La reforma propone modificar el sistema de peritos para eliminar incentivos ligados al resultado del juicio. El argumento es atendible. Pero centralizar el cuerpo pericial dentro del Poder Judicial tampoco garantiza neutralidad automática. Puede mejorar previsibilidad, sí. Pero también puede cerrar el sistema sobre sí mismo.
La verdadera discusión es otra: ¿la reforma busca ordenar o desalentar? ¿Corregir abusos o disciplinar reclamos?
Santa Fe necesita competitividad. Nadie discute eso. Pero la competitividad basada en restringir instancias de revisión judicial tiene un límite político y social. Cuando el acceso a la justicia se vuelve excepcional, el derecho puede convertirse en privilegio.
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La litigiosidad es un problema cuando hay abuso. Pero también es síntoma cuando hay conflictos reales. Y reducir el síntoma no siempre cura la enfermedad.
Si el debate se limita a cuánto cuestan los juicios, se pierde de vista cuánto cuestan los accidentes mal reparados, las enfermedades mal reconocidas y las desigualdades estructurales en el mercado laboral.
Ordenar el sistema puede ser necesario. Convertir la justicia en un filtro más difícil de atravesar, es otra cosa. Y ahí es donde empieza la discusión verdaderamente política.