La denuncia del ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, volvió a poner en la mira al senador provincial Armando Traferri. Según su testimonio, el legislador habría sido quien armó la estructura de coimas que atraviesa a la política santafesina. No se trata solo de un nombre propio: el señalamiento golpea de lleno en el corazón de un sistema que durante años funcionó a la sombra del poder y con la complicidad del silencio institucional.
La gravedad es doble. Primero, porque quien acusa conoce desde adentro la maquinaria judicial. Segundo, porque vuelve a desnudar la debilidad de los controles políticos en la provincia. Santa Fe no enfrenta únicamente un caso aislado, sino un síntoma de cómo opera la trama de poder cuando la corrupción se naturaliza.
El dato no es menor: Armando Traferri fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina, y hasta el año pasado presidió la comisión de juicio político en la Legislatura. Es decir, no se trata de un dirigente marginal, sino de un actor con peso en los resortes más sensibles de la vida institucional.
El caso abre, además, una pregunta que incomoda a toda la dirigencia: ¿cuántos miraron para otro lado mientras la estructura funcionaba? El señalamiento a Traferri exhibe la concentración de poder que tienen algunos sectores y la incapacidad —o falta de voluntad— del sistema judicial para investigar a fondo cuando el acusado forma parte del círculo político más duro.
El impacto de esta denuncia no se mide solo en términos judiciales. La política santafesina queda nuevamente bajo sospecha en un escenario donde la confianza social ya viene golpeada. La sociedad no necesita más gestos tibios. Porque la impunidad no solo socava la política; erosiona la democracia.