Si las firmas comerciales están registradas y quiénes son los responsables son algunas de las consultas.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de comunicación por el cual solicita diversas informaciones relacionadas con un operativo realizado el pasado 4 de septiembre, en el que se logró rescatar a 31 personas que se encontraban en condiciones de trabajo ilegal y de habitabilidad inhumanas.
Dicho procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, a la vera de la ruta provincial N°77, en los establecimientos agropecuarios denominados “La Revancha e Isabellina S.A.” y “Santa Ana”. El mismo fue ordenado por los fiscales Gustavo Onel, Federico Grim y Pablo Micheletti.
La requisitoria involucra a los Ministerios de Trabajo, de Gobierno e Innovación Pública, de Ambiente y Cambio Climático y de Seguridad y Justicia.
En cuanto a la solicitud de información, el legislador pretende saber si el Ministerio de Trabajo intervino en el operativo del 4 de septiembre, si existen antecedentes de controles efectuados por esa dependencia en las explotaciones agropecuarias referidas, y si se encuentran registradas como empleadores las firmas “La Revancha e Isabellina S.A.” y “Santa Ana”; y, en caso de ser así, quiénes son los responsables de las mismas.
Respecto al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, el legislador también pregunta si las firmas antes mencionadas están inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos y, en su caso, si están registradas como Sociedad. Si la respuesta es afirmativa, solicita que se remita la información y documentación de la sociedad.
Por su parte, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se le solicita que informe si se ha relevado, mediante inspecciones, el cumplimiento de la Ley Provincial N° 13.372 por parte de los emprendimientos agropecuarios referidos.
Finalmente, se le solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia que informe los datos registrables y catastrales del o los inmuebles donde se llevaron a cabo los procedimientos ordenados por la justicia federal, con identificación de sus titulares registrales; si existen antecedentes de denuncias ante autoridades policiales y/o del Ministerio respecto de los hechos acreditados a partir de los procedimientos; y que informe sobre la participación de las fuerzas de seguridad provinciales en el operativo concretado el día 04/09/2025.
Entre los fundamentos, Palo Oliver puso de relieve que “en los dos campos se encontraron a 31 personas, todos hombres, dos de ellos menores de edad. Las personas vivían hacinadas, en campamentos improvisados con la arboleda y la vegetación, no contaban con agua potable ni instalaciones sanitarias, y estaban totalmente incomunicados y afectados a actividades laborales en condiciones infrahumanas”.
“El operativo desnudó una realidad lejana de los centros urbanos, pero real, y que evidencia la necesidad de un Estado presente y efectivo que controle y evite esta clase de prácticas delictivas”, agregó.
Por último, Palo Oliver reflexionó: “No podemos naturalizar que, dentro de la provincia de Santa Fe, sea posible reducir las condiciones laborales a la esclavitud sin ningún tipo de acción por parte de nuestro Estado provincial para evitarlo y prevenirlo.
La explotación laboral como forma moderna de esclavitud implica jornadas laborales interminables, espacios habitacionales indignos y aislamiento, no solo geográfico sino social, que transforman a los trabajadores rurales en víctimas de un sistema que los condena a la invisibilidad a partir de la ausencia y/o ineficiencia del Estado; o, lo que es peor, con su connivencia”.