La decisión fue adoptada por el juez penal Octavio Silva, luego de una audiencia en los Tribunales de Santa Fe. La investigación alcanza al secretario general del gremio, Juan Ramón Medina, y al subsecretario de Gestión Territorial, Pablo Daniel Villalba, por presuntas amenazas, extorsión y otros hechos denunciados en el marco del conflicto con el Ejecutivo local.
La Municipalidad de Sauce Viejo fue admitida como querellante en la causa penal que investiga a dos dirigentes de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM), en el marco del conflicto gremial que mantiene la organización con el gobierno del intendente Mario Papaleo.
La decisión fue tomada este martes por el juez penal Octavio Silva, durante una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe. De esta manera, el municipio quedó habilitado para intervenir formalmente en el proceso judicial que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La investigación tiene como principales señalados al secretario general de ASOEM, Juan Ramón Medina, y al subsecretario de Gestión Territorial del sindicato, Pablo Daniel Villalba. La causa reúne denuncias por presuntas amenazas, extorsión, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, entre otros hechos.
Las denuncias
La presentación de la Municipalidad reúne distintos episodios ocurridos durante el enfrentamiento con el gremio. Entre ellos, se mencionan bloqueos de obradores municipales y dificultades para el funcionamiento de servicios públicos, como la recolección de residuos y el riego de calles.
Uno de los hechos señalados ocurrió el 20 de mayo, cuando, según la denuncia municipal, alrededor de 50 personas vinculadas a ASOEM ingresaron al obrador norte y habrían agredido a trabajadores que no participaban de la medida de fuerza.
También se incorporaron cuestionamientos por medidas de protesta que el Ejecutivo consideró ilegales, al sostener que el sindicato no contaba con competencia territorial ni representatividad para actuar en Sauce Viejo.
Otro de los puntos planteados está relacionado con el presunto incumplimiento de una restricción judicial que establecía una distancia mínima de 200 metros respecto de dependencias municipales.
La posición de la Justicia
Durante la audiencia, la defensa de los dirigentes sindicales se opuso a que la Municipalidad fuera incorporada como querellante. Sin embargo, el fiscal Marcelo Nessier respaldó el planteo del municipio y no formuló objeciones a su intervención.
Finalmente, el juez Silva hizo lugar al pedido y reconoció que la administración local tiene legitimación para participar en la causa, en función de las posibles consecuencias que los hechos denunciados habrían tenido sobre el funcionamiento de los servicios públicos y la actividad municipal.
La incorporación como querellante le permitirá al municipio intervenir en el proceso, impulsar medidas de prueba y sostener su posición dentro de la investigación.
La resolución, de todos modos, no implica una declaración de responsabilidad penal sobre los dirigentes investigados. La causa continuará bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.
